- Con un par de amparos, Calica —hoy Sac-Tun— pretende quitar legalidad a medida ambiental que pesa en su contra.
MARCO ANTONIO BARRERA
PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- La lucha jurídica que mantiene activa la minera Calizas Industriales del Carmen (Calica) se orientó a tratar de desvirtuar la autorización ambiental que permitió la diligencia del Tribunal Arbitral Internacional.
Con un par de amparos, la compañía que cambió su nombre comercial a Sac-Tun, demandó la protección de la justicia federal para quitar la legalidad al levantamiento temporal de la medida de seguridad ambiental impuesta al predio “La Rosita”, en el municipio de Solidaridad.
El permiso que permitió la inspección de los árbitros internacionales fue otorgado por la directora general de Impacto Ambiental y Zona Federal Marítimo terrestre de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).
La diligencia se dio en cumplimiento a un Protocolo in situ y a la orden procesal 8 del organismo dependiente del Banco Mundial, del 18 al 20 de julio pasado, que forma parte de un litigio pendiente por resolver.
El caso fue interpuesto por la estadounidense Legacy Vulcan, LLC contra el gobierno de México, por una supuesta violación al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el 3 de enero de 2019.
La clausura temporal total que pesa sobre “La Rosita” obedeció a un cambio de uso de suelo de terrenos forestales sin contar con autorización ambiental en una superficie de 882.13 hectáreas.
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Como resultado del procedimiento, el inspector federal adscrito a la Dirección General de Inspección y Vigilancia Forestal de la Subprocuraduría de Recursos Naturales de la Profepa emitió un acta circunstanciada en la que se hizo constar la comparecencia de los integrantes del Tribunal Internacional.
Durante los tres días que duró el proceso se levantó la medida impuesta y se retiraron los sellos de clausura, y al término de cada jornada se les colocó nuevamente para mantener vigente la sanción ambiental.
La impugnación jurídica se dio con un primer amparo ante el Juzgado Séptimo de Distrito el 17 de julio pasado, contra la orden de levantamiento total y temporal de la clausura como parte del procedimiento OC001458RN2022VA003.
El juez federal se negó a conocer el caso por razón de turno, pero finalmente lo admitió el 28 de septiembre, y procedió a negar la suspensión definitiva al siguiente 6 de octubre.
Un segundo juicio se radicó en el Juzgado Tercero de Distrito bajo el número 33168475 el 8 de agosto pasado, contra la orden de inspección PFPA/4.1/2C.27/.5/028/17 que derivó en la orden de levantamiento de la clausura.
El caso fue igualmente desechado por corresponder a otro juzgado, pero también fue admitido el 28 de septiembre, y de ahí se decretó negar la suspensión provisional (18 septiembre).
El fallo fue avalado en el mismo sentido en un recurso de queja en el Primer Tribunal Colegiado (25 septiembre), y después se informó de la negativa de otorgar la suspensión definitiva, el 5 de octubre siguiente.
La disputa legal por la clausura del complejo minero de extracción y exportación de roca caliza a los Estados Unidos se mantiene como caso pendiente por resolver en el Tribunal de Arbitraje Internacional, como parte del procedimiento con el número de registro ARB/19/1.
La participación del organismo se sustenta en la Regla de Arbitraje 37 del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), cuya misión es solucionar los conflictos suscitados entre los gobiernos y las empresas a través de la conciliación y el arbitraje, respecto a los tratados de inversión, contratos y legislación.
La propiedad del predio es defendida por la empresa extractiva con una escritura pública expedida por la Notaría 34 de Quintana Roo, con domicilio en Playa del Carmen, el 12 de febrero de 2013.
