- Comunidades mayas reclaman al gobierno federal por la ocupación de terrenos para el Aeropuerto Internacional de Tulum y el Tren Maya.
MARCO ANTONIO BARRERA
F. CARRILLO PUERTO, Q. ROO.- Un nuevo revés legal recibieron los integrantes de los pueblos mayas y comunidades indígenas del municipio de Felipe Carrillo Puerto, que se duelen de la falta de una consulta pública para que el gobierno de México pudiera disponer de su territorio originario en la construcción del Tren Maya y del nuevo Aeropuerto Internacional de Tulum “Felipe Carrillo Puerto”.
Los quejosos representados por el Gran Consejo Maya de Quintana Roo mantienen un amparo contra la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la dirección general de Ingenieros de la misma dependencia, desde el 11 de julio pasado.
A las autoridades citadas se les reprocha la forma supuestamente arbitraria de disponer de la selva donde se encuentran las tierras mayas originarias.
En el juicio de garantías reclaman “la abstención de realizar la Consulta Indígena a los Pueblos Mayas, por sí y representados por el Gran Consejo Maya, y a las Comunidades Indígenas para realizar el conjunto de obras que se están desarrollando sobre el territorio de nuestro pueblo en el municipio de Felipe Carrillo Puerto”.
La ejecución de los proyectos de construcción se refiere al Tren Maya, al Aeropuerto Civil Militar de Tulum “Felipe Carrillo Puerto”, a una base militar y al desarrollo del proyecto denominado “La Puerta Maya al Mar” que, por primera vez, conectará al municipio con el Mar Caribe.
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Los demandantes representados por el presidente y secretario del Gran Consejo Maya, Simón Caamal Coh y Gabino Cruz Yeh, sostienen que los terrenos ocupados pertenecen a las comunidades originarias.
Las tierras, dijeron, las habitan “desde tiempos inmemoriales, desde mucho antes de la invasión europea, en la que nuestros ancestros fundaron y desarrollaron la gran cultura maya de la que somos sobrevivientes y donde hemos desarrollado nuestra forma de vida y sobrevivencia”.
En el reclamo se reprocha que se debió firmar un convenio para la explotación respetuosa y la protección del patrimonio cultural originario, cuyo territorio es un elemento fundamental.
A través del representante legal José Carlos González Blanco, se mencionó que ante la falta del convenio citado se ha dado un uso y aprovechamiento no autorizado del territorio indígena.
En la demanda se acusa al titular de la Dirección General de Ingenieros de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Salvador Fernando Cervantes Loza, de informarles que la consulta pública fue realizada con anterioridad.
La notificación se hizo mediante el oficio 634/27102/CI-PRE dirigido a las comunidades indígenas, el 20 de junio del presente año.
Como parte del amparo 33160085 del Juzgado Primero de Distrito de Quintana Roo, se negó la suspensión provisional el 20 de septiembre pasado.
De ahí siguió una segunda audiencia en la que igualmente se negó la suspensión definitiva, mediante un fallo dictado el jueves pasado.
La audiencia para dictar la sentencia definitiva se agendó para el 15 de diciembre próximo, en la que participarán y harán uso de la voz, vía remota, los representantes Simón Caamal Coh y Gabino Cruz Yeh.
El juicio de garantías fue solicitado originalmente ante el Juzgado Décimo Tercero en Materia Administrativa en la Ciudad de México, que lo rechazó por incompetencia de territorio.
El caso fue turnado al Juzgado Primero de Distrito en Yucatán donde se concentran todas las solicitudes de medidas cautelares relacionadas con la planeación, construcción, desarrollo y/o acondicionamiento del Tren Maya, según se establece en la misiva SECNO/23/2021 del Poder Judicial de la Federación.
El juzgado radicado en Mérida se declaró igualmente incompetente para analizar el reclamo y lo remitió al Juzgado Primero de Distrito de Quintana Roo, con residencia en Chetumal, que tampoco aceptó la competencia, el 9 de agosto pasado.
El asunto desató un conflicto competencial que fue resuelto en el caso 33278171 por el Noveno Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Primer Circuito en la Ciudad de México.
Al emitirse sentencia, por votos unánime de los magistrados Carolina Isabel Alcalá Valenzuela, Edwin Noé García Baeza y Sergio Urzúa Hernández, se designó al juzgado de Quintana Roo como el responsable de resolver la controversia, mediante una resolución dictada el 7 de septiembre pasado.
