Por KUKULKÁN
LEJOS de serenarse los ánimos entre Ejecutivo, Legislativo y Judicial se ha intensificado el conflicto jurídico-mediático derivado de reformas legales tendentes a acabar con privilegios y gastos suntuosos de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que presuntamente invaden la esfera de competencias constitucionales de parte del presidente Andrés Manuel López Obrador y la mayoría de Morena en el Congreso de la Unión, hacia la independencia financiera del poder encargado de salvaguardar la Constitución General de la República.
ANTE la reforma elaborada por las cámaras de diputados y senadores para desaparecer los fideicomisos del Poder Judicial por 20 mil millones de pesos en benéfico de ‘altos mandos’, el gremio de jueces y magistrados federales promovió un amparo al que ya le fue otorgada la suspensión definitiva, lo que en los hechos deja las cosas tal como estaban antes de la reforma, aunque esto apenas es el comienzo de una batalla cuyo desenlace dependerá de los resultados electorales de 2024.
SI MORENA alcanza la mayoría calificada en las cámaras de diputados y senadores, antes de que concluya su mandato López Obrador presentará una iniciativa de reforma judicial que propone llevar a las urnas la elección de jueces, magistrados y ministros con la finalidad de que estos se deban al pueblo y no a grupos de interés económico en México. Bajo la óptica oficial, las reminiscencias de la mafia del poder se mantienen atrincheradas en el Poder Judicial desde donde en los últimos cinco años ha emprendido la avalancha de juicios de amparo para frenar obras o acciones de la agenda de transformación nacional.
AMLO ha manifestado su descontento con varias decisiones judiciales, argumentando que estas son un obstáculo para sus políticas de cambio social y económico. Su postura resuena con una parte significativa de la población que está desencantada con el sistema judicial, viéndolo como elitista y desconectado de las necesidades del pueblo. Sin embargo, esta crítica presidencial no es unidireccional. El Poder Judicial, defendiendo su autonomía y la importancia del equilibrio de poderes, ha resistido a lo que considera intentos de injerencia política. Los jueces y magistrados argumentan que su función es ser un contrapeso necesario y garantizar que las leyes se apliquen de manera justa e imparcial, un principio fundamental en cualquier democracia.
ESTE conflicto resalta una tensión clásica en las democracias: la necesidad de un ejecutivo efectivo y un poder judicial independiente. Por un lado, un presidente electo democráticamente puede ver en el Poder Judicial un freno a sus mandatos y a la voluntad popular. Por otro lado, un Poder Judicial independiente es esencial para evitar la concentración del poder y asegurar que todos, incluido el presidente, estén sujetos a la ley.
BAJO este contexto, es crucial recordar que una democracia saludable requiere un equilibrio delicado. La crítica constructiva y el escrutinio mutuo entre los poderes son signos de una democracia vigorosa. Sin embargo, es esencial que estas tensiones no desemboquen en una erosión del respeto institucional o en la subversión de los principios democráticos fundamentales.
MÉXICO, como cualquier nación democrática, se enfrenta al reto de navegar estas aguas complejas. La solución no es simple ni definitiva, pero el diálogo respetuoso y la búsqueda de un terreno común son fundamentales. El futuro de la democracia mexicana dependerá en gran medida de cómo estos dos poderosos actores, el Ejecutivo y el Judicial, manejen sus diferencias y trabajen hacia el objetivo común de servir al pueblo mexicano.
