- La disputa jurídica tiene que ver con un lindero de línea quebrada de 2 mil 751 metros del lado norte de la minera.
MARCO ANTONIO BARRERA
PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- Mientras que el gobierno de México alista la creación de un Área Nacional Protegida en las minas del gigante estadounidense Vulcan Materials en el municipio de Solidaridad, un trámite de deslinde de un terreno colindante abrió un nuevo frente legal a Rancho Piedra Caliza (Rapica).
En la disputa legal se acusa a la Constructora y Urbanizadora ARA de gestionar de manera supuestamente irregular un Certificado de medidas y colindancias favorable que le otorgó la Dirección de Catastro Municipal.
La discordia sobre el documento que avala el lindero entre los terrenos de ARA y Rapica se debate en el amparo 31200172 del Juzgado Segundo de Distrito de Quintana Roo, desde el 14 de noviembre del año pasado.
La empresa clausurada por causar daño ambiental en la extracción irregular de material pétreo durante 37 años, impugna la falta de notificación del procedimiento administrativo,
Del trámite que se combate se generó un certificado de medidas y colindancias justificado en el oficio número DC 1156/10 que se dio por concluido, el 21 de julio de 2010.
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La disputa jurídica tiene que ver con un lindero de línea quebrada de 2 mil 751.01 metros ubicada entre el lado norte de un predio de la minera y al lado sur del terreno perteneciente a la desarrolladora de vivienda.
El trámite impugnado fue realizado por el apoderado legal de ARA, Luis Ignacio Porragas, sobre el predio rústico denominado “Rancho Mariana Fracción I-A” con clave catastral 109004000002086, el 19 de febrero de 2010.
Como parte del mismo procedimiento trascendió que otro de los terrenos colindantes pertenecía al entonces Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública Estatal de Quintana Roo.
El aviso de los trabajos técnicos para la medición se convocó por edictos publicados en un periódico local, cuyo procedimiento pasó por alto el mismo ejercicio en el Periódico Oficial del Estado, durante tres días consecutivos.
El trámite tuvo como objetivo convocar a los dueños de los predios contiguos para participar en la diligencia de medición citada el 15 de marzo, la cual se postergó al 19 de diciembre de 2010.
En el litigio se establece que la falta del aviso personal a Rapica obedeció a que en los registros municipales el último domicilio registrado estaba fuera de territorio nacional, sin que las autoridades hubieran recurrido a registros más antiguos para cumplir con las formalidades establecidas en la Ley de Catastro del estado.
En el debate se asienta que la notificación por edictos violentó el derecho de audiencia contemplado en el artículo 14 constitucional, lo que impidió garantizar una defensa legal adecuada a la minera.
Igualmente, se comprobó la omisión municipal de acreditar una notificación adecuada, al carecer de la documentación suficiente en los archivos, lo que abrió la puerta de la justicia federal para otorgar medidas cautelares a la compañía minera.
La sentencia en primera instancia dio la razón a Rapica y ordenó al director de Catastro del Ayuntamiento de Solidaridad dejar sin validez la notificación de los trabajos de deslinde que dieron origen al certificado de medidas y colindancias.
Igualmente, instruyó a que se aplique un procedimiento nuevo para subsanar la falta del derecho de audiencia, según el fallo emitido por la jueza Angélica del Carmen Ortuño, el 21 de septiembre del presente año.
La compañía desarrolladora de vivienda, inconforme con la resolución, mantiene activo el recurso de revisión 33954545 ante el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito.
La empresa filial de Vulcan Materials enfrenta la clausura temporal total de las morales Calizas Industriales del Carmen y Rancho Piedra Caliza, al ser ordenada por el presidente Andrés Manuel López Obrador en una conferencia mañanera del 2 de mayo del año pasado.
La suspensión de actividades fue impuesta por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en los predios “La Adelita” y “El Conchalito”, al acreditarse daños ambientales que podrían haber afectado los cauces del manto freático, con la mezcla de agua salada y dulce.
En el predio “La Rosita” se acusó de incurrir en un cambio de uso de suelo no autorizado en terrenos forestales, y en la terminal marítima de Punta Venado de la falta de permisos vigentes.
Ambas compañías han interpuesto al menos 20 juicios de amparo para tratar de combatir la clausura ambiental, pero sin conseguirlo, a lo que suman ahora un nuevo juicio en el que defienden los linderos de uno de sus terrenos.
