- La desaparición de órganos autónomos, vulneraría derechos y representaría una regresión autoritaria, coincidieron especialistas.
MANUEL ALEJANDRO ÁLVAREZ TORRES / AGENCIA REFORMA
CIUDAD DE MÉXICO.- La desaparición de órganos autónomos, como anunció el Presidente Andrés Manuel López Obrador, vulneraría derechos y representaría una regresión autoritaria, coincidieron especialistas.
El Mandatario anunció el pasado lunes que enviará una iniciativa al Congreso para desaparecer al Instituto Nacional de Transparencia (INAI), a la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y al Instituto Federal de Comunicaciones (IFT).
En el caso del INAI, explicó Jacqueline Peschard, ex presidenta del IFAI (ahora INAI), la Constitución establece que el garante del derecho a la información y la protección de datos personales debe ser un órgano autónomo y especializado, por lo que dicha tarea no puede ser suplida por la Secretaría de la Función Pública ni por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), como propone el Presidente.
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“La desaparición de estos organismos autónomos significaría una regresión autoritaria muy fuerte, porque sería volver al pasado en donde no había contrapesos fuertes que limitaran al poder; en donde no había tampoco la posibilidad de que los ciudadanos ejerciéramos derechos que ahora ya están en la Constitución y en todos los convenios internacionales que México ha firmado en materia de libertad de expresión y de acceso a la información”, explicó Peschard.
Eduardo Bohórquez, director ejecutivo de Transparencia Mexicana, señaló que el nuevo anuncio realizado por López Obrador es parte de su ataque sistemático a aquellos organismos que le resultan ajenos o, en algunos casos, incómodos.
“Si se analiza con más cuidado, lo sorprendente no es el continuo ataque al INAI, o que omita de la lista de organismos a desaparecer a la CNDH, un organismo autónomo que cuesta más de mil 700 millones al año. Lo que sorprende del anuncio presidencial es que un Gobierno de origen progresista vaya contra la unidad antimonopolios, la Cofece.
“Las agencias antimonopolios suelen ser una pieza central de los gobiernos progresistas. Al proponer su desaparición es imposible no preguntarse sobre una posible alianza con ciertos grupos empresariales para el financiamiento de las campañas en 2024”, planteó Bohórquez.
Mariana Campos, directora general de México Evalúa, dijo que garantizar el acceso a la información es un principio básico en una democracia y que no puede quedar en manos de una secretaría del Ejecutivo decidir qué información se entrega y cuál no.
“¿El Gobierno va a responder sobre sus propios pecados? Yo creo que no. Entonces, ahí va a haber un conflicto de interés, para quizás no entregar información que lo comprometa. Imagínate en pleno año electoral, no va a tener ningún interés en respondernos preguntas que lo puedan comprometer en términos de su desempeño o en términos de su probidad en el aspecto de la corrupción”, advirtió.
Para 2024 el INAI, el IFT, así como la Cofece y la CRE tendrán un presupuesto total de 3 mil 749 millones de pesos.
Esta cantidad representa el 0.04 por ciento del presupuesto federal para 2024 y no alcanza ni para cubrir tres días de la pensión para adultos mayores, que costará 465 mil 48 millones de pesos o mil 270 millones de pesos diarios.
El financiamiento público a los partidos políticos en 2024, en tanto, sumará 10 mil 444 millones de pesos, de los que Morena recibirá 3 mil 100 millones, equivalentes al 82.6 por ciento de lo asignado a los cuatro órganos.
Contratos menores de las mega obras del Gobierno también son más costosos que los organismos autónomos que el Gobierno federal pretende desaparecer.
Por ejemplo, los rieles de los primeros cinco tramos del Tren Maya costaron 5 mil 82 millones de pesos, los caminos de acceso al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) requirieron más de 6 mil millones y la rehabilitación de la Línea FA, una de las tres del Tren Transístmico, sumó 11 mil 978 millones.
Sólo en 2019 y 2020, la multinacional Baker Hughes recibió adjudicaciones directas para Dos Bocas por 5 mil 98 millones de pesos, mientras que la paraestatal militar Tren Maya S.A. pidió un subsidio de 5 mil 937 millones de pesos para financiar el gasto inicial de operación del proyecto en 2024.
En su conferencia mañanera del pasado lunes en Palacio Nacional, el Presidente López Obrador mencionó a la CRE, pero no a la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), también creada por la reforma energética de 2014.
Estos dos órganos tienen autonomía técnica pero están en el Poder Ejecutivo, su presupuesto combinado no llega a 600 millones de pesos, y el actual Gobierno los tiene bajo su control, por lo que el eventual intento de reforma podría limitarse al INAI, el IFT y la Cofece.
Suprimir a los órganos autónomos requiere una reforma constitucional y no elimina la necesidad de sus funciones, que son técnicas y especializadas, por lo que buena parte del personal y otros activos sería heredada por las dependencias del sector central del Poder Ejecutivo y seguirían costando casi lo mismo que ahora.
La diferencia es que, todos, serían subordinados de López Obrador.
En abril pasado, el Ejecutivo envió una iniciativa para desaparecer la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) y trasladar las funciones de 17 órganos desconcentrados y descentralizados a diversas Secretarías de Estado y unidades administrativas, lo que aún no ha sido aprobado, aunque sólo se requiere reformar leyes secundarias.
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