- Lozoya tenía altas expectativas de salir de la cárcel, porque hizo una petición con base en una jurisprudencia de la SCJ.
ABEL BARAJAS / AGENCIA REFORMA
CIUDAD DE MÉXICO.- Emilio Lozoya acusó la existencia de una extrema injerencia política en el Poder Judicial de la Federación (PJF) para mantenerlo preso y denunció que el Gobierno federal trató de hacer arreglos en lo “oscurito”, por un resarcimiento de 30 millones de dólares por su libertad.
En una agitada audiencia que concluyó en los primeros instantes de ayer, en la que le negaron la libertad provisional en el Caso Odebrecht, el ex director de Pemex dijo que estas intromisiones indebidas no sólo agravian a los jueces sino a los medios de defensa.
“Este caso es muy triste, creo que nuestro País merece más, es un caso de extrema injerencia política, muy grave, en la FGR, Pemex y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), pero se les va a acabar todo porque no habrá criterio de oportunidad, pelearé por mi inocencia.
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“Es un caso extremo de injerencia en el Poder Judicial, agraviando a los jueces, los actos de defensa, a mí y mi familia, creo que son cosas que en un país no deberían suceder”, advirtió el ex funcionario.
“La UIF también citó a mi papá y le dijeron ‘no le va a gustar lo que le voy a decir, pero ahora son 30 (millones de dólares) por el acuerdo reparatorio”.
Lozoya tenía altas expectativas de salir de la cárcel, porque hizo una petición con base en una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, que obliga a los jueces a revisar la prisión preventiva cuando un procesado cumple dos años de reclusión sin sentencia.
Sin embargo, la noche del viernes, el juez sustituto de enjuiciamiento, José Rivas González, le negó el beneficio porque consideró que una excepción a esa regla es que el procesado cumpla dicho plazo en prisión como consecuencia de sus actos de defensa.
La del viernes fue una diligencia en la que el intercambio de los fiscales federales con los abogados y el propio Emilio Lozoya transcurrió entre el debate jurídico y las acusaciones de amenazas, engaños y uso de documentos falsos.
“NO LE DIGA DELINCUENTE A MI MADRE”
Uno de los momentos ríspidos del trámite fue cuando Emilio Lozoya exigió al fiscal Manuel Granados Quirós no calificar a su madre Gilda Margarita Austin y Solís como una delincuente.
Todo empezó porque el Fiscal Granados aprovechó un lapsus del acusado, quien en una ocasión se refirió a Marielle Helene Eckes como su esposa, pese a haber exhibido en el proceso un acta de divorcio fechada el 7 de abril de este año en Alemania.
“La red familiar de Lozoya es la esposa y hoy (viernes) la menciona así, ‘esposa; no obstante, que en la audiencia pasada exhibió un documento de un juzgado de Munich sobre su supuesto divorcio, aquí hoy (viernes) dijo ‘mi esposa'”, alegó el fiscal Granados.
“¿Qué valor puede tener esa acta de divorcio? Porque si recibe sobornos, utiliza a la mamá para que le oculte el dinero y compra una casa a nombre de su esposa, no nos queda duda de que ese documento fue fabricado y la red de ayuda sigue siendo la misma”.
Llegado su turno, el ex director de Pemex le dijo al fiscal que tuviera cuidado con las palabras.
“Yo le pido que sean cuidadosos en el uso del lenguaje, hablan de sobornos cuando son depósitos de dos años antes de que fuera funcionario público, ¿cómo se soborna a alguien que no es servidor público?”, reviró.
“No se me acerquen en lo oscurito, no hable de mi madre como delincuente. Si tiene dudas sobre el acta de divorcio, denuncie, ¿o lo va a seguir sumando a sus actos de coacción?”.
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