- Durante las últimas semanas, jueces federales concedieron la libertad provisional a dos de los ex funcionarios procesados por el Caso Segalmex.
ABEL BARAJAS / AGENCIA REFORMA
CIUDAD DE MÉXICO.- Durante las últimas semanas, jueces federales concedieron la libertad provisional a dos de los ex funcionarios procesados por el Caso Segalmex, uno de los cuales ya salió de prisión, aunque también negaron ese beneficio a otros dos presuntos implicados.
El cambio de medida cautelar fue concedido en audiencias a Roberto Rivera Ramos, ex subgerente de la Dirección Comercial, y Simón Escobar Copca, ex jefe del almacén, ambos de Diconsa en Querétaro.
El primero de ellos ya abandonó el Penal del Altiplano, mientras que el segundo continúa en ese centro penitenciario porque no ha reunido el dinero suficiente para pagar la fianza de la garantía que le impusieron por 3.5 millones de pesos.
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Al mismo tiempo, el beneficio fue negado a Jorge Humberto González Bocardo, ex Coordinador de Operaciones de Diconsa, y Carlos David Sotelo Lozano, un particular que presumiblemente recibió dinero de los desvíos del organismo descentralizado.
Rivera Ramos, González Bocardo y Escobar Copca están procesados por el delito de delincuencia organizada por el contrato de 142 millones de pesos por 7 mil 800 toneladas de azúcar, que la FGR señala que no fueron entregadas a Segalmex.
Mientras que Sotelo fue vinculado a proceso por delincuencia organizada y lavado, por supuestamente recibir 8.5 millones de pesos de la llamada “estafa lechera” que causó un daño de mil 687 millones de pesos a la entidad gubernamental.
El pasado 15 de noviembre, Rivera abandonó el Altiplano, tras 8 meses de reclusión, luego de que el juez de control Gregorio Salazar Hernández le sustituyera la prisión preventiva de oficio por la presentación semanal a la Unidad de Medidas Cautelares, la entrega del pasaporte, la prohibición de acercarse a testigos y de salir de la CDMX y del Edomex, el uso del geolocalizador y una garantía de 200 mil pesos.
El ex funcionario se presentó ayer por la mañana en el Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, para que le colocaran un brazalete electrónico y se verificara el cumplimiento de sus nuevas medidas cautelares. El juez Salazar validó el trámite en audiencia.
En otra diligencia, el mismo juez Salazar también negó ayer el cambio de medida cautelar Jorge Humberto González Bocardo, porque consideró que prevalece el riesgo de que pueda darse a la fuga, después 9 meses de internamiento en el Altiplano.
Lo que consideró es la alta penalidad de la delincuencia organizada, que va de 20 a 40 años de prisión, y el hecho de que la FGR señalara la existencia de 5 domicilios relacionados a su persona, lo que hace suponer que no tiene ningún arraigo. Dijo que en la medida que le desvirtúe uno de estos dos factores, estará en posibilidades de volver a revisar su caso.
El mes pasado el juez Enrique Beltrán Santés, también de Almoloya de Juárez, canceló la prisión preventiva de oficio a Simón Escobar Copca y en su lugar le impuso el uso de brazalete electrónico y el pago de una garantía de 3.5 millones de pesos.
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