Por KUKULKÁN
EN MEDIO de crecientes denuncias por el cobro excesivo en las tarifas de agua potable en Quintana Roo, el Congreso del estado anuló el decreto 250 para dejar sin efecto la ampliación del contrato otorgado a Aguakan hasta 2053, por lo que próximo 31 de diciembre será el último día que la empresa mantenga el control operativo de este servicio público en los municipios de Benito Juárez, Isla Mujeres, Puerto Morelos y Solidaridad.
SU FUNCIÓN la asumirá el organismo estatal CAPA, como sucede en los siete municipios restantes, y aunque en el ambiente político algunas y algunos aspirantes a cargos de elección popular se quieren colgar la medallita, la voluntad política que faltó en la anterior administración, fue aplicado por la gobernadora Mara Lezama Espinosa y su Acuerdo para la Prosperidad y el Bienestar compartido, acercando los servicios a los sectores sociales más necesitados.
BAJO los lineamientos del gobierno de la Cuarta Transformación, los diputados de la XVII Legislatura —de mayoría morenista— recuperaron legalmente el control operativo del servicio de distribución del agua potable y es gratificante ver cómo la voz de la comunidad puede tener un impacto real y duradero. Con su voto, los ciudadanos de estos municipios finalmente lograron que se retirara la concesión.
LA HISTORIA detrás de esta decisión es un testimonio del poder de la acción colectiva y la persistencia de una comunidad que buscaba un mejor servicio y más transparencia en la gestión de un recurso vital: el agua. Durante años, los habitantes de estos municipios se enfrentaron a problemas de calidad del agua, cortes frecuentes y tarifas cada vez más altas. Además, se denunciaron abusos y maltrato por parte de la empresa concesionaria.
LA CONSULTA pública de junio de 2022 fue un punto de inflexión. Los ciudadanos hablaron alto y claro, expresando su deseo de poner fin a la concesión de Aguakan. Los diputados de la XVII legislatura, encabezados por el diputado Humberto Aldana, escucharon este llamado y actuaron en consecuencia.
LA DECISIÓN no sólo representa un triunfo para los ciudadanos, sino también un recordatorio de que la responsabilidad de un servicio público tan esencial como el agua potable debe recaer en manos que rindan cuentas a la comunidad. Se ha abierto una nueva puerta hacia un futuro en el que los gobiernos municipales y estatal deben asumir la operación del agua potable, asegurando que se brinde un servicio de calidad y accesible para todos.
EN ÚLTIMA instancia, la retirada de la concesión a Aguakan es un paso hacia adelante en la búsqueda de un mejor estándar de vida para los residentes de Cancún y un ejemplo de cómo la acción colectiva puede marcar la diferencia. La comunidad ha demostrado que cuando se unen en busca de un objetivo común, pueden lograr un cambio significativo.
A MEDIDA que avanzamos hacia el 31 de diciembre de 2023, fecha en la que Aguakan dejará de operar, es importante que sigamos de cerca este proceso. Es probable que se presenten desafíos y litigios, pero la comunidad ya ha demostrado su determinación en busca de un mejor servicio.
