Por KUKULKÁN
DICEN que el triunfo tiene varios padres; la derrota es huérfana. Quizá por eso ahora que el Congreso de Quintana Roo decidió cancelar a la empresa Aguakan la concesión del servicio de distribución de agua potable y alcantarillado hasta 2053, la senadora Marybel Villegas Canché, a través de una campaña telefónica, se promueve como la impulsora de la consulta pública del 6 de junio de 2022 en la que los habitantes de cuatro de los municipios turísticos del norte del estado votaron por rescindir el contrato otorgado una década atrás por la XIV Legislatura en la que paradójicamente la hoy morenista participó como diputada local entonces perteneciente a la bancada del PRI.
CIERTO es que aprobar el decreto en su momento no fue firmar un cheque en blanco a favor de Aguakan, sino que se establecieron cláusulas de rescisión del contrato en caso de incumplimiento y eso es lo que se está combatiendo, como argumenta la legisladora federal en su defensa. Sin embargo, el que haya impulsado una consulta pública, suponiendo que ella haya sido, no es un logro de ella sino está ejerciendo una de sus funciones para las cuales fue electa. No es un acto de bondad personal sino su obligación como legisladora. ¿Por qué los quintanarroenses tendrían qué reconocerle su trabajo por el cual percibe una paga?
LA JUSTIFICACIÓN de la administración anterior para no proceder a la rescisión del contrato fue que los resultados de la consulta pública no lograron el porcentaje establecido para hacerlos vinculatorios, salvo en el municipio de Solidaridad donde sí se logró el 35 por ciento de participación electoral requerida pero aun así no se le dio seguimiento hasta ahora que el gobierno de Mara Lezama Espinosa decidió hacer respetar la decisión popular con acciones que van más allá del discurso y la foto. Se trata de una estrategia legal que ya se cocina en el Congreso encaminada a desaparecer todos los contratos leoninos aprobados por administraciones pasadas y que representan conflictos para los ciudadanos.
COMO alcaldesa de Benito Juárez, Mara dio muestras de cancelar los contratos leoninos otorgados a empresas particulares para operar los servicios de recoja y disposición final de la basura de forma deficientes y en perjuicio de los ciudadanos. Otros contratos leoninos que la administración estatal combate por la vía legal, son los autorizados por la ex alcaldesa de Puerto Morelos, Laura Fernández Piña para concesionar la construcción del Palacio Municipal y la instalación del alumbrado público a empresas relacionadas a su esposo. Pero la concesión de Aguakan representaba un alto grado de dificultad porque una rescisión injustificada le hubiese costado muchísimo dinero al gobierno estatal, en vez de eso se optó por cancelar el decretó que autorizó la ampliación del tiempo de la concesión con lo que automáticamente vence la vigencia del contrato original el 31 de diciembre de 2023.
DESDE sus mañaneras el presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó su desacuerdo con las concesiones de agua que existen en país y particularmente informó que se estaba trabajando con el gobierno del estado un plan para encontrar una solución favorable para los usuarios. ‘No hay muchas privatizaciones de agua en el país, pero sí hay en seis estados; estamos tratando de trabajar con los municipios y con los estados, como por ejemplo sería en Cancún y Aguascalientes, donde la gente no está contenta. Nosotros estamos brindando asesoría, pero tiene que haber voluntad tanto de los estados como de los municipios para poder revertirla, dentro del marco de la legalidad’, expuso el mandatario federal y Mara los suscribió.
