Por KUKULKÁN
LA PENÍNSULA de Yucatán, y en particular Quintana Roo, es bendecida por la belleza de sus playas y la riqueza de su naturaleza. Sin embargo, detrás de este paraíso, los residentes se enfrentan a un problema que ha persistido durante años: los abusos y cobros excesivos por parte de la empresa distribuidora de los servicios de agua potable y alcantarillado, conocida comercialmente como Aguakan.
LA EMPRESA opera en cuatro de once municipios, Benito Juárez, Isla Mujeres, Puerto Morelos y Solidaridad, y muchos residentes se han quejado constantemente de la escasez de agua y de los altos costos asociados con su servicio. La falta de agua potable de calidad es un problema que afecta la vida diaria de miles de familias.
TAN SOLO en los últimos tres años se han presentado más de 5,000 quejas por parte de los residentes de Quintana Roo en relación con los servicios de Aguakan.
ESTAS quejas abarcan desde la falta de suministro de agua hasta los elevados cobros en las facturas. Además, se han interpuesto más de 200 demandas de amparo contra las tarifas en la región. Esto demuestra la determinación de los residentes en buscar justicia y un trato equitativo.
LO CIERTO es que durante tres décadas, Aguakan ha venido comprando impunidad y privilegios de gobiernos de Quintana Roo para no responder ante los señalamientos en su contra. El caso más emblemático de corrupción entre la empresa y gobierno se dio con Roberto Borge Ángulo cuando el Congreso del estado, con mucho tiempo de anticipación, votó mayoritariamente por ampliar la vigencia de Aguakan, de 2023 a 2053 a cambio de más de mil millones de pesos.
EL DINERO entró al gobierno del estado a través de una cuenta de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado, e inmediatamente transferido a la Secretaría de Finanzas y Planeación que entonces encabezaba Juan Pablo Guillermo Molina, quien hasta la fecha enfrenta diversos procesos penales por la desaparición de esos recursos que se presume fueron a parar a manos de Borge, actualmente preso por diversos actos de corrupción.
CON ESTOS antecedentes, uno de los mayores problemas radica en la falta de transparencia en las tarifas y los cobros. Los residentes se sienten atrapados en un sistema en el que no pueden entender por qué se les está cobrando tanto por un servicio esencial. Esto es inaceptable en una sociedad democrática y justa.
ES HORA de que las autoridades locales, los reguladores y Aguakan mismo rindan cuentas. Los residentes merecen respuestas claras sobre por qué están pagando precios tan elevados por un recurso vital. Además, se deben implementar medidas para garantizar que el suministro de agua sea confiable y accesible para todos.
LOS ABUSOS y cobros excesivos de Aguakan en Quintana Roo son una afrenta a la comunidad y a la ética empresarial. La lucha por un suministro de agua justo y asequible es un aspecto crucial en la construcción de una sociedad más equitativa y próspera en Quintana Roo. Las cifras de quejas y demandas de amparo reflejan la urgencia de abordar este problema de manera efectiva.
