- Eligio Sierra fue tesorero de Puerto Morelos en los tiempos de Laura Fernández Piña como alcaldesa.
MARCO ANTONIO BARRERA
PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Quintana Roo extendió la búsqueda en la ciudad de Puebla del extesorero municipal de Puerto Morelos, Eligio Sierra Peña.
Un par de agentes de investigación acudieron a un domicilio del exfuncionario para preguntar a sus familiares sobre su localización, pero al no encontrarlo adelantaron que lo seguirán buscando en el municipio donde laboró y saben que visita con frecuencia, por una segunda causa penal.
Los hechos fueron narrados en una nueva solicitud de amparo presentada por quien fungió como encargado de las finanzas municipales en el gobierno de la exalcaldesa y ahora diputada federal, Laura Fernández Piña.
“Mi familiar les manifestó que no podía informarles nada al respecto, y que además yo contaba con la suspensión definitiva decretada en el juicio de amparo… del Juzgado Tercero de Distrito de ese mismo estado para no poder detenerme”.
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La medida de protección invocada se mantiene activa al ser concedida de manera definitiva en el juicio de garantías 32904606 (previo pago de una garantía económica de 22 mil pesos), el 13 de septiembre del año pasado.
El caso tiene que ver con una orden de aprehensión girada por el Juez de Control de los Juzgados de Control y Tribunales de Juicio Oral Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Solidaridad de Playa del Carmen.
Como parte de la segunda acusación, Sierra Peña sostuvo que los policías de investigación “manifestaron que ya tenían conocimiento del amparo, pero que no venían por ese punto, sino por otro relacionado con diversa carpeta de investigación”.
El caso forma parte del nuevo juicio de amparo 34099656 del Juzgado Quinto de Distrito de la entidad, donde se solicitó la protección federal contra una orden de aprehensión, comparecencia y/o presentación, el 14 de diciembre pasado.
El reclamo fue igualmente contra actos del Juez de Control del Sistema Penal Acusatorio de Primera Instancia del Distrito Judicial de Solidaridad con residencia en Playa del Carmen, y otras autoridades.
En el relato de Eligio Sierra expresó que “en días recientes se presentaron en mi domicilio en la ciudad de Puebla, Puebla, dos personas del sexo masculino quienes se entrevistaron con un familiar manifestándole que eran policías de investigación de la Fiscalía de Combate a la Corrupción de Quintana Roo, y que necesitaban saber el lugar de mi localización”.
La solicitud de medidas cautelares se hizo en línea el 7 de diciembre pasado, y se canalizó en el expediente 34036660 del Juzgado Cuarto de Distrito con sede en Cancún, pero al carecer de la firma del solicitante fue desechada al día siguiente.
“De ahí la necesidad legal de presentar de nueva cuenta la presente demanda de garantías, ante el temor de ser privado de mi libertad en la ciudad de Puerto Morelos, estado de Quintana Roo, por las autoridades señaladas como responsables…”, señaló el extesorero.
El juez Alfonso Robles propuso enviar el caso al Juzgado Cuarto de Distrito “por un evidente conocimiento previo de los hechos”, pero no fue aceptado y se admitió en el Quinto para su análisis, el 3 de enero pasado.
A las autoridades ministeriales le fue requerida información para que indicara la naturaleza, modalidades y características personales y situación económica del acusado, para fijar una garantía económica ante la posibilidad de que se sustraiga de la acción de la justicia.
Igualmente, precisar el delito o los delitos imputados, la penalidad aplicable y el monto de beneficio económico obtenido en la comisión del ilícito, o bien, el monto de los daños o perjuicios ocasionados a la víctima.
Ante la segunda orden de aprehensión, reaprehensión y/o detención se concedió la suspensión provisional para que las autoridades “se abstengan de privar de la libertad personal a la parte quejosa, hasta que se resuelva sobre la suspensión definitiva”.
El juzgado federal dictaminó que la libertad de Eligio Sierra Peña quedará a su disposición y las autoridades podrán seguir el procedimiento hasta resolver la suspensión definitiva.
Para que la protección federal tenga efecto se impuso el pago de una garantía económica de 5 mil pesos a cubrir en los 5 días siguientes o perderá su vigencia, con el objetivo de que se pueda hacer un uso abusivo de la medida y pretenda sustraer de la acción de la justicia o entorpecer el procedimiento penal.
El exfuncionario tiene la obligación de presentarse ante la autoridad y ante el juez federal las veces que sea requerido.
Los efectos protectores dejan de funcionar si se tratan de cargos que por su gravedad se prohíba expresamente conceder la libertad provisional bajo caución, o merezca prisión preventiva oficiosa.
De darse estos supuestos, una vez detenido quedará a disposición del órgano jurisdiccional en cuanto a su libertad personal y de la autoridad responsable del procedimiento en el lugar de reclusión que determine.
El juez federal estipuló también que la medida cautelar no puede paralizar el procedimiento penal correspondiente.
Sobre el exfuncionario pesa (junto con su ex director de Egresos, Pedro Alfonso Nolasco), un proceso penal ante un Juez de Control de Solidaridad, Quintana Roo, con sede en Playa del Carmen.
A ambos se les señala como presuntos responsables del delito de uso ilícito de atribuciones del servicio público en la carpeta administrativa 423/2023.
