Por KUKULKÁN
DE CARA al proceso electoral donde nueve entidades del país elegirán a su gobernante, los institutos electorales locales —denominados Organismos Públicos Locales Electorales (Oples)— están en el centro de la controversia debido a acusaciones de corrupción, irregularidades financieras y conflictos de interés registrados en los últimos tiempos.
POR EJEMPLO, la Auditoría Superior local señala que el Instituto Electoral del Estado de Puebla enfrenta irregularidades por más de 500 millones de pesos en cinco años. Paralelamente, en Veracruz, al menos 290 empleados del Instituto Electoral han sido sancionados por actos indebidos durante ese mismo período.
EN AMBAS entidades los organismos electorales son ejemplos destacados de problemas financieros y de gestión. Además, se han observado casos de inhabilitación de consejeros presidentes en municipios por faltas administrativas. La situación también se extiende a otros estados como Tabasco, Yucatán y Chiapas, donde se han detectado sanciones y problemas de gestión en los institutos electorales locales.
PARTICULARMENTE en Yucatán, se ha detectado una “posible afectación” de 3,895 millones de pesos al erario público por parte del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana yucateco (Iepac) después de una revisión de la Cuenta Pública de 2019. Estos fondos supuestamente se utilizaron de manera inadecuada, lo que plantea interrogantes sobre la fiscalización de los recursos y la responsabilidad financiera en el Iepac.
HACIA el centro del país, en la Ciudad de México, se han registrado casos de nepotismo y sanciones a servidores públicos del Instituto Electoral. Estos ejemplos ilustran la gravedad de la corrupción y las faltas administrativas en los institutos electorales locales, lo que socava la integridad de los procesos electorales en estas regiones.
CON ESTE tipo de antecedentes, la opinión generalizada es que la situación de los Oples es “delicada”, no sólo por problemas financieros y de conducta de los empleados, sino también por la influencia de los partidos políticos locales en estos institutos. De hecho, se considera una preocupación muy especial, la estrecha relación entre los consejos generales de los institutos electorales locales y los partidos en el poder a nivel estatal. Esto plantea interrogantes sobre la imparcialidad en la gestión electoral.
EL RELOJ electoral del país transcurre a un histórico proceso electoral nacional en el que principalmente se elegirá nuevo presidente de la república, hombre o mujer, y la integridad de los institutos electorales locales está en tela de juicio debido a acusaciones de corrupción, irregularidades financieras y conflictos de interés. Esto plantea desafíos significativos en el proceso electoral y la necesidad de una supervisión más estricta y transparente en estos organismos.
