Por KUKULKÁN
AMPARADA en una suspensión provisional contra el decreto que cancela la ampliación de la concesión del servicio de distribución de agua potable y alcantarillado hasta 2053, la empresa Aguakan sigue en operación con un contrato prendido por alfileres cuya vigencia expiró técnicamente el pasado 31 de diciembre como lo determinó el Congreso de Quintana Roo. La protección de la justicia federal es temporal y mientras se resuelve este enredo abundan las quejas de usuarios por los excesivos cobros que sistemáticamente la concesionaria atribuye a fugas en el domicilio.
EN DEFENSA de su decreto, el Congreso decidió tomar cartas en el asunto y presentó un recurso de revisión ante un Tribunal Colegiado para impugnar la suspensión provisional que permite a Aguakan seguir mal haciendo ‘su chamba’. Su equipo legal trata de establecer que la decisión del Poder Legislativo estatal incumple el contrato de la concesión y por lo tanto el gobierno debe indemnizar a la empresa en caso de cancelarse la ampliación.
PERO en respuesta encontrará denuncias penales por haber actuado en la ilegalidad desde su creación, así como por pagar la cantidad de mil 50 millones de pesos al gobierno de Roberto Borge Angulo para que el Congreso ampliara la vigencia de la concesión otros 20 años a los 30 originalmente otorgados, con vencimiento en 2023. Con esa ampliación, además de Benito Juárez los tentáculos de Aguakan se extendieron a los municipios de Isla Mujeres, Puerto Morelos y Solidaridad.
LA PREGUNTA que brinca ahora es: ¿Qué cambió en ese acuerdo? Pues, en pocas palabras, extendió la concesión hasta el 2053 y obligó a Aguakan a realizar inversiones en los servicios públicos de esos municipios, lo cual no cumplió como se había comprometido. Con el decreto legislativo a la empresa no se le está atropellando algún derecho como argumentan sus defensores, porque se trata de un servicio público. Y si los resultados no cuentan con la aprobación de la mayoría de los ciudadanos, son razones suficientes para cancelar la ampliación.
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HABLANDO de Roberto Borge, ayer la justicia federal echó abajo la esperanza del ex gobernador de continuar su juicio en prisión domiciliaria, pero resultó que continuará en prisión mientras enfrenta el proceso penal en su contra por cargos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. El juzgado federal rechazó su solicitud de suspensión definitiva, lo que significa que seguirá detenido en el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial en Morelos.
LA MEDIDA fue tomada por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio en el Estado de México, conocido como “El Altiplano”. La defensa de Borge había solicitado medidas cautelares, pero estas fueron negadas. Como se recordará, Borge fue arrestado en Panamá en 2017 y enfrenta múltiples cargos, incluyendo aprovechamiento ilícito del poder, desempeño irregular de la función pública y peculado, relacionados con contratos y concesiones durante su mandato en Quintana Roo. Este proceso legal sigue desarrollándose y marca un capítulo importante en la historia política de Quintana Roo y la lucha contra la corrupción en México.
