Por KUKULKÁN
RESULTA que en la XVI Legislatura de Quintana Roo, todavía en tiempos de Carlos Joaquín González como gobernador, supuestamente de buena fe se aprobaron y promulgaron leyes en ‘beneficio’ de las comunidades indígenas del estado sin llevar a cabo las consultas para tomarlos en cuenta en la integración del contenido, sin reparar que no escucharlos es una forma de invisibilidad y retroceso en el reconocimiento de sus demandas históricas, concluyó recientemente la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el juicio de acción de inconstitucionalidad 105/2022 por medio del cual se solicitó corregir el agravio.
POR AQUELLAS fechas el Poder Legislativo estaba representado por el panista Eduardo Martínez Arcila quien en su momento no le dio importancia a la queja presentada por un grupo de afectados ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos ni al emplazamiento que esta le hizo al Congreso para que en un plazo no mayor de 12 meses cumpliera con el requisito de realizar las consultas. Ante la negativa, la respuesta del ombudsman fue promover la acción de inconstitucionalidad para que el máximo tribunal del país obligara al legislativo estatal a enmendar el vicio, en vez de argumentar ramplonamente que las ‘leyes eran por su bien’. ¿Y quién diablos los nombró representantes supremos de los indígenas?
EL RECIENTE fallo de la Suprema Corte pone de manifiesto la necesidad de incluir a las comunidades indígenas y personas con discapacidad en los procesos legislativos que buscan regular sus derechos de defensa legal. Esto es esencial para garantizarles justicia y atender la autodeterminación, así como las necesidades específicas de estos sectores de la población. El argumento de que las reformas eran benéficas no justifica la falta de consulta, ya que permitir que la voluntad del Congreso se sobreponga a los intereses de estos grupos vulnerados, es inaceptable.
ERA obligación del Congreso realizar una consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada a este grupo poblacional. En ese sentido, resolvió el máximo tribunal, la XVI Legislatura de Quintana Roo mostró una postura de exclusión al elaborar leyes indígenas sin tomar en cuenta su participación, y esto es un claro retroceso en el reconocimiento de sus demandas históricas. El fallo de la Suprema Corte destaca la importancia de escuchar a todas las voces y considerar las necesidades de los grupos históricamente marginados en el proceso legislativo. Ignorarlos es una forma de invisibilidad que debe ser superada en beneficio de la justicia y la igualdad.
EN POLÍTICA, dicen los que saben, no hay actos de buena fe. Las legislaciones aprobadas durante la era joaquinista no nacieron del espíritu indigenista estatal sino de la egolatría de un grupo de diputados en su afán de acumular numéricamente las iniciativas de reforma para engrosar su currículum, pero afortunadamente en este caso específico se hizo justicia. Ahora, la responsabilidad de realizar estas consultas para enmendar los vicios de legalidad estará a cargo de la XVII Legislatura, representada por el diputado morenista Humberto Aldana y quien deberá demostrar que son ‘diferentes’ a los de gobiernos pasados.
