Por KUKULKÁN
DURANTE las tres décadas que ha controlado el servicio de distribución de agua potable en Cancún, a la empresa Aguakan sólo se le aplicó una auditoría… y fue la última. El poder de influencia de sus ejecutivos sobre altos funcionarios públicos del gobierno federal, les garantizó que no se les molestaría más e inclusive fueron modificadas todas las regulaciones establecidas en el contrato contra la concesionaria que hoy está en el ojo del huracán luego de que el Congreso de Quintana Roo canceló la ampliación de la concesión hasta 2053 debido al incumplimiento del contrato en detrimento del servicio que presentan al público.
FUE EN 1993 cuando se fundó Aguakan y a los cuatro años de operación, en 1997, el entonces gobernador Mario Villanueva Madrid ordenó aplicarle una auditoría misma que reveló su incumplimiento en varios puntos del contrato, acto seguido se inició un proceso legal para su cancelación que se fue estirando al máximo, hasta que fue disuelta con una conciliación, siempre favorable para la empresa, por intermediación del poder federal.
EN TODO este tiempo, la empresa ha estado en manos de inversionistas extranjeros y operando con deficiencias: primero fue ‘Aguas de Barcelona’, de capital español, después se le sumó ‘Azurix’, ingleses, luego ‘Val-Ondeo’, franceses y actualmente ‘Grupo México’, empresa beneficiada durante el periodo neoliberal, combatido sistemáticamente por el presidente Andrés Manuel López Obrador quien por filosofía personal se opone a todas las privatizaciones de derechos ciudadanos y servicios públicos, sobre todo si es tan fundamental como el agua potable.
EL PROCESO de privatización del servicio en el municipio de Benito Juárez, originalmente operado por el estado, empezó con el recorte del personal que conocía las tripas de la red de agua y alcantarillado del estado y fueron sustituidos por personal improvisado, desconocedores del estado y de sus necesidades, al grado de establecer como perfil de los representantes de la empresa en la zona hotelera de Cancún a personas de 1.80 metros de altura, piel blanca y angloparlante. Así se fue prescindiendo del personal capacitado que daría seguimiento a los compromisos de la concesión, pero la improvisación se mezcló con la corrupción y el caso es que la empresa no cumplió, las autoridades lo consintieron y los cancunenses siguen pagando las consecuencias de un deficiente servicio.
NO SÓLO es responsabilidad de Aguakan la mala calidad del servicio, también el gobierno del estado a través de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) incumplió su obligación de supervisar periódicamente la operatividad y eficiencia para obligarlo a cumplir con el contrato. Después del altercado con Villanueva, la concesionaria tuvo cancha libre para hacer y deshacer, sin ninguna regulación, hasta llegó a normalizar las deficiencias del servicio que hoy se ha vuelto un foco de inconformidad social. Esa fue también la razón principal para que el Congreso haya determinado en diciembre pasado la cancelación de su ampliación hasta 2053.
DE AMBOS lados hubo responsabilidades y responsables, muchos de ellos ya lejos del poder viviendo rodeados de lujo mientras en Cancún el servicio de distribución de agua potable y alcantarillado sigue deficiente, la empresa está rebasada, la red corre el riesgo de colapsar por errores técnicos y ahora la situación legal de Aguakan genera incertidumbre social, máxime si a partir del decreto de ampliación de la concesión, en tiempos del último gobernador priista Roberto Borge Angulo, viene operando también el servicio en los municipios de Isla Mujeres, Puerto Morelos y Solidaridad.
TODO ello a cambio de más de mil millones de pesos que la empresa transfirió a la cuenta oficial de CAPA, de ahí salió hacia las respectiva de la Secretaría de Planeación y Finanzas, encabezada entonces por Juan Pablo Guillermo Molina, contra quien se tienen abiertas carpetas de investigación por estos y otros presuntos desfalcos. Sin duda un tema que será el plato fuerte en el proceso jurídico activado por Grupo México para echar atrás la cancelación de la ampliación del servicio.
