- Cristina Torres señaló que se realizan procesos paralelos, administrativos y penales, para exigir la comprobación de inversiones.
MARCO ANTONIO BARRERA
PUERTO MORELOS, Q. ROO.- El caso Aguakan va más allá del ámbito jurídico que mediante un Decreto legislativo pretende cancelar la irregular ampliación de la concesión hasta 2053, afirmó Cristina Torres.
La secretaria de Gobierno de Quintana Roo señaló que se realizan procesos paralelos, administrativos y penales, para exigir la comprobación de inversiones y el destino de los recursos económicos por la supuesta prórroga, además de una investigación de elementos de fraude por mentir a un juez federal.
La concesionaria, dijo, debe rendir cuentas al Estado y aunque recurrió a un juicio de garantías para tratar de impedir la revocación de la ampliación del servicio, “no ha ganado el amparo contra la Legislatura de Quintana Roo”.
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Torres Gómez presidió la Mesa de Seguridad estatal en la que comentó sobre la revocación del título a Desarrollos Hidráulicos de Cancún, S.A. de C.V. que “es la punta de lanza” de una serie de procesos administrativos y legales.
El objetivo final planteado por las autoridades es garantizar una prestación adecuada del servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento para los habitantes de los municipios de Benito Juárez, Isla Mujeres, Puerto Morelos y Solidaridad.
Del amparo indirecto número 34191096 radicado en el Juzgado Octavo de Distrito con sede en Cancún, afirmó que la empresa “no ha ganado ningún juicio, seguimos exactamente igual”.
Lo que se resolvió jurídicamente fue una audiencia incidental que se había aplazado por temas de notificaciones, en la cual se confirmó a la empresa una suspensión temporal contra los efectos del Decreto legislativo.
Con la determinación judicial, la compañía deberá seguir prestando el servicio hasta que se resuelva en el fondo el caso, y se determine si fueron correctas para que no se continúe con la concesión.
“No empieza a operar formalmente el Estado hasta que veamos si las causas que la Legislatura tomó para revocar el acuerdo, el Decreto para ser exactos, que determina que iniciaba la concesión y si la nueva vigencia se queda o no sin efectos a partir de enero de 2024”.
Cristina Torres adelantó que se promoverá un recurso de queja para insistir en que no existen las condiciones, y se seguirá avanzando por la vía jurídica.
El Estado de Quintana Roo simultáneamente investiga, a juicio de los abogados del gobierno y de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), elementos para sostener que la concesionaria incurrió “dentro del juicio de amparo de elementos de fraude procesal, porque está mintiendo al juez de amparo”.
En paralelo siguen su curso un par de procesos administrativos para determinar el destino que tuvieron los recursos económicos (más de mil millones de pesos) que la empresa sostiene entregó al Estado cuando le fue otorgada la supuesta prórroga a la vigencia de la concesión.
Igualmente se investigan los informes de datos que la moral debió presentar al Estado mismos que no se han aplicado, con los cuales debe rendir cuentas sobre el manejo y operación del servicio,
“Este tema de Aguakan tiene muchas aristas, más allá que la revocación que es la punta de lanza. Nosotros como estado hemos tenido la oportunidad de analizar para seguir exigiendo a la concesionaria la comprobación de estos temas, desde gastos e inversiones, hasta elementos de posible fraude presentados en la carpeta de amparo”.
