Por KUKULKÁN
EN TIEMPOS de la transformación, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha convertido en el campo de batalla de la abierta disputa por el poder entre las dos concepciones ideológicas preponderantes en el país a las que el presidente de México Andrés Manuel López Obrador ha divido en ‘conservadores’ y ‘liberales’; y en medio de esta lucha tanto ministros como magistrados y jueces del Poder Judicial federal han cargado la balanza de la justicia a favor de los intereses de la oligarquía mexicana, con pretensiones de establecer un sabotaje jurídico a todas las iniciativas de ley, programas y obras que lleven el sello de la 4T.
EL PODER Judicial es el único reducto bélico que le resta al pequeño grupo de empresarios y funcionarios públicos, que detentaron el poder durante los 36 años del periodo neoporfirista, para hacer frente a Cuarta Transformación que en los últimos cinco años se ha encargado de desmantelar algunas de las instituciones ‘autónomas’ que servían y sirven todavía algunas, a defender los intereses de la oligarquía mexicana. La Suprema Corte fue la moneda de cambio entre el PRI y el PAN como parte de los acuerdos tras las elecciones presidenciales de 1994, ganadas por el priista Ernesto Zedillo Ponce de León.
APENAS se sentó en la silla presidencial, la primera iniciativa que envió al Congreso fue la reforma judicial que, de un simple plumazo y sin el escándalo de juristas, vino a sustituir a los 26 ministros que integraban el pleno para reducirlo a sólo once integrantes, obviamente elegidos de forma discrecional por los grupos políticos imperantes. Para Zedillo fue una jugada de dos bandas pues con esa reforma se quitaba del camino a los ministros que servían a intereses de su antecesor, el ex presidente Carlos Salinas de Gortari, y gracias a ello pudo emprender un proceso penal contra su hermano Raúl, acusado del magnicidio de Francisco Ruiz Massieu.
EN EL TERRENO jurídico, esta reforma le vino a dar al pleno de la Suprema Corte dos instrumentos para convertirse en el órgano de última instancia de todos los conflictos suscitados entre los poderes de los tres niveles de gobierno, estos es las controversias constitucionales y los juicios de acción de inconstitucionalidad; los primeros sirven para frenar invasión de esfera de competencia entre autoridades municipales contra estatales o federales, o viceversa; los segundos para solicitar la anulación parcial o total de leyes que presuman agravios a derechos constitucionales.
ESTOS instrumentos ya existían en la Constitución, sólo se desempolvaron, se reglamentaron y se activaron como una forma de acabar con las llamadas ‘concertacesiones’ que se aplicaban para resolver este tipo de conflictos, generalmente por debajo de la mesa o en lo oscurito, pero que eran garantía plena de nada. Ambos instrumentos, además de los juicios de amparo, ahora sirven de armas a los adversarios al presidente para combatir jurídicamente todas sus acciones. Los propios jueces y magistrados las usaron para frenar la reforma constitucional que prohíbe a funcionarios públicos ganar más que el presidente de la república, y siguen sin cumplirla, amparados es ese poder metaconstitucional de ser juez y parte en este asunto.
PONER en libertad a ocho ex militares acusados de haber participado en la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa, nada más por generar ingobernabilidad, es una abierta afrenta que sin duda regresará como bumerang al máximo tribunal del país, cuya imagen está desacreditada a ras del piso, con el pueblo-pueblo. En tiempos de Zedillo, la Corte se usó para avalar el Fobaproa, convertir deuda privada en deuda pública. Y para perseguir a sus enemigos o a los irreverentes, además de Raúl Salinas metió a la cárcel al ex gobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva Madrid, y persiguió a Rubén Figueroa con el caso de la matanza en Aguas Blancas, Guerrero.
DESDE entonces los ministros han venido aplicando justicia sólo para proteger intereses de los poderes fácticos del ‘bloque conservador’ al que la mayoría del pleno pertenecen. Del otro lado, el presidente adelantó que el próximo 5 de febrero, día de la Constitución de 1917, presentará un paquete de reformas, entre ellas la Judicial, que buscan devolverle al contenido el espíritu revolucionario original degradado durante el neoporfirismo. Uno de los planteamientos es que la designación de ministros y consejeros de la Judicatura Federal sean cargos de elección popular, así como que se les baje el salario y desaparezcan los privilegios suntuosos. No falta mucho para saber en qué consiste medularmente este paquete de reformas y, ante todo, asegurarse ganar por mayoría calificada el Congreso de la Unión para poder realizar los cambios.
