- Apenas el viernes pasado las instalaciones de Derimaya fueron intervenidas por la Fiscalía General del Estado.
MARCO ANTONIO BARRERA
PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- La compañía Desarrolladora de la Riviera Maya (Derimaya) acumula juicios de amparo con los que pretende impedir procedimientos de fiscalización administrativa y una investigación ministerial.
A la empresa de participación estatal mayoritaria se le ha requerido información financiera, contable y de la situación que guarda la reserva territorial comercializada, y la gestión a los particulares en los predios de la Colonia Luis Donaldo Colosio.
La compañía fue constituida con una composición accionaria entre el Instituto de Vivienda del Estado de Quintana Roo (51%) y la particular Ofelia González Whitt (49%), el 16 de diciembre de 1999.
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El objetivo fue regularizar los terrenos del predio “Chen Zubul” que originalmente eran propiedad de la nación y que fueron cedidos al gobierno del estado para ser repartidos y regularizados a los primeros fundadores de Playa del Carmen, los cuales han esperado más de 30 años.
El objetivo fue gestionar la transmisión de propiedad, urbanización, lotificación, fracción, planeación, urbanización, arrendamiento, regulación y administración de predios.
El juicio de garantías más reciente interpuesto por la empresa fue contra la Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo, que realizó un cateo a sus oficiales el viernes pasado.
La empresa enfrenta una investigación por un presunto quebranto patrimonial y fraude a particulares en los terrenos donde se asentaron los primeros pobladores de Playa del Carmen.
En el caso judicial más reciente se reclamó lo contenido en el oficio FGE/QROO/CAN/FEDP/01/129/2024, cuyo análisis fue admitido en el Juzgado Cuarto de Distrito del Estado de Quintana Roo, bajo el número 34402183, el 18 de enero pasado.
El órgano jurisdiccional solicitó a la empresa aclarar si adicionalmente solicita el acceso a la carpeta de investigación FGE/QROO/CA/FEDP/07/77/2023, así como detallar los hechos que le antecedieron y los medios de defensa interpuestos.
En otro juicio de garantías se impugnó la notificación de un proceso de auditoría mediante un oficio generado del 31 de marzo de 2023, pero se sobreseyó el 21 de julio del mismo año.
En el amparo número 32395573 del Juzgado Octavo de Distrito se asienta que la Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Sustentable (Sedetus) solicitó poner a su disposición la documentación relacionada, en un plazo no mayor a cinco días hábiles, del periodo que va del 1 de enero de 2021 al 24 de septiembre de 2022.
La fiscalización sería encabezada por el encargado de la Unidad Administrativa Auditor Especial y personal adscrito a la Secretaría de la Contraloría.
La información tiene que ver con el acta constitutiva de la sociedad, actas de asambleas general, ordinaria y extraordinaria de accionistas, presupuesto de ingresos y egresos, estados financieros, relación y estados de cuentas bancarias, lotes de comercialización, reserva de polígonos y disponibilidad de predios.
El juez federal determinó sobreseer el amparo al considerar que la solicitud “no produce en su contra una afectación real, cualificada y actual en su esfera jurídica”, al dar la posibilidad de responder las razones que impiden enviar los papeles y documentos, según el fallo del 21 de julio de 2023.
Otro proceso legal tiene el número 32460915 en el Juzgado Séptimo de Distrito contra la Coordinadora de Quejas y Denuncias de la Coordinación General de Investigación de la Secretaría de la Contraloría del Estado, interpuesto el 12 de abril de 2023.
El trámite jurídico reclamó la emisión del oficio SECOES/SIV/CGD/0452/III/2023 del 13 de marzo de 2023.
En el documento citado, la autoridad se declaró incompetente para conocer sobre los hechos de una denuncia presentada por la moral contra el secretario de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable de la entidad.
El funcionario, en su calidad de presidente del Consejo de Administración de Derimaya, pidió investigar hechos que podrían derivar en actos presuntamente constitutivos de responsabilidad administrativa.
Una vez que los hechos fueron notificados a la moral el 14 de marzo de 2023, al funcionario se le acusó de carecer de facultades para pedir la investigación sobre las irregularidades que habría cometido personal de la empresa.
La sentencia ordenó emitir una nueva resolución que integre una fase de investigación, según un fallo del 16 de octubre pasado, pero se mantiene en litigio con un recurso de revisión del Primer Tribunal Colegiado desde el 16 de enero pasado.
