Por KUKULKÁN
AUNQUE los gobernantes corruptos tratan de no dejar huella de sus fechorías, siempre hay (por si se llegaran ocupar) funcionarios sacrificables que terminan pagando los platos rotos, ya sea porque consciente y voluntariamente aceptaron participar en la rapiña sexenal o porque, desconocedores de las alcantarillas de la política, de plano fueron utilizados para firmar documentos oficiales y toda clase de responsabilidades administrativas, penales también, cuyo castigo se hizo ley y se crearon instituciones con presupuesto público en Quintana Roo hace menos de una década durante la cual varios ex servidores públicos pisaron la cárcel, o pagaron multas, o fueron obligado a devolver lo robado (y a veces hasta algo más) para supuestamente reparar el daño al o los agraviados, en estos casos las arcas públicas municipales y estatales.
EL ORIGEN de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción para investigar y castigar a funcionarios públicos se remonta a 2018 con la inercia de los cambios en la legislación federal de tipificar el delito de corrupción para que pudieran ser castigados los responsables; efectivamente empezó combatiendo la corrupción heredada por el ex gobernador Roberto Borge Angulo y casi dos docenas de sus colaboradores que estamparon cientos de veces su firma, aún enfrentan procesos penales por el saqueo de las arcas públicas, aunque en algunos casos el nuevo órgano persecutor sirvió como garrote de su sucesor Carlos Joaquín González para vengarse de sus enemigos políticos o para alejarlos de la geografía electoral.
DESDE entonces, la misma Fiscalía ha estado encabezada por la doctora Rosaura Villanueva Arzápalo, quien tuvo un difícil arranque, con un presupuesto pequeño, sin infraestructura institucional para hacer frente a los despachos de abogados poderosos contratados por algunos de los acusados, pero sobre todo operar bajo la influencia agobiante del entonces Jefe de Gabinete, Juan de la Luz Enríquez Kanfachi, el que verdaderamente mandaba en tiempos del joaquinismo y no tuvo un puesto de relumbrón precisamente para no figurar ni firmar documentos que lo fueran a comprometer a futuro.
PARA responder por esos menesteres dejaron tanto al ex contralor Rafael del Pozo Dergal —quien acumula en esta Fiscalía 14 carpetas de investigación por una diversidad de delitos y recientemente solicitó amparo— como a la diputada verde ecologista Yohanet Torres Muñoz, ex secretaria de Finanzas y principal responsable de la deuda oculta por casi 7 mil millones de pesos de la era joaquinista, premiada con una curul que por el momento la sigue blindando y dando inmunidad, aunque como en todo cuento de hadas el hechizo tiene vigencia, la carroza volverá a convertirse en calabaza en septiembre entrante.
EL DILEMA de la fiscal anticorrupción, ya sin el yugo de Juan de la Luz, es hacerse de la vista gorda para proteger a sus ex compañeros de gabinete, por el riesgo de ser calificada como ‘traidora’ por los joaquinistas, o limpiar su imagen aplicando justicia contra todo aquel funcionario que incurra en hechos de corrupción, sin distingos de grupos ni colores. Parece ser que, más por un fuerte compromiso profesional y moral que por instinto de sobrevivencia política, ha optado por asumir la segunda opción. Ya se verá en los próximos meses cuánto crecerá la lista de joaquinistas acusados por corrupción mientras el ‘Jefe’ se resguarda en su encargo de embajador de México en Canadá.
