- Aguakan ha demandado al Congreso local por aplicar ciertas leyes.
MARCO ANTONIO BARRERA
CANCÚN, Q. ROO.- La empresa Aguakan —junto con su grupo inversor— ha empezado una batalla legal contra el Congreso de Quintana Roo.
Buscan mantener su derecho a manejar el servicio de agua potable y su tratamiento en cuatro municipios de la zona norte de la entidad, después de que recientemente se les retiró esta autorización.
En un intento por recuperar su licencia, que oficialmente dejó de ser válida el 22 de diciembre, la empresa ha recurrido a los tribunales.
El 23 de enero lograron una victoria temporal al conseguir que un juez les otorgara una protección provisional. Esta acción se suma a otra protección definitiva que Aguakan había obtenido antes, el 21 de enero, en un caso diferente.
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La empresa ha demandado al Congreso local por aplicar ciertas leyes que afectan su operación. El conflicto se centra en un decreto que anuló la extensión de su contrato hasta 2053 y está siendo revisado en varios juicios.
El corazón del problema es la regla que dice que los Ayuntamientos necesitan un amplio acuerdo para asignar servicios públicos a empresas privadas, especialmente si estos servicios se extienden más allá de su periodo de gobierno. Además, hay una norma que permite al estado tomar control de estos servicios sin compensar a la empresa, bajo ciertas condiciones.
Diego José Ramos González de Castilla, representante del grupo inversor detrás de Aguakan, está liderando estos esfuerzos legales desde enero.
Aguakan, que es parte de un conglomerado mayor, sostiene que posee casi la mitad de los derechos para operar los servicios de agua en Cancún, mientras que el resto pertenece a otro grupo empresarial.
En este proceso han participado varios municipios y la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del estado, aportando información al tribunal.
La decisión más reciente indica que otro tribunal en Cancún deberá revisar el caso detenidamente.
Aguakan también ha intentado combatir otras leyes que afectan su operación, pero uno de sus intentos fue rechazado cinco días después de ser presentado, a pesar de ser muy similar a otro caso que sí fue aceptado.
La empresa ha sido criticada por problemas como cobros excesivos, falta de agua y mal servicio al cliente, además de no invertir suficiente en el mantenimiento de la infraestructura necesaria.
Aguakan recibió originalmente el derecho de manejar el agua por 30 años en 1993, con una extensión que les habría permitido continuar hasta 2053.
La batalla legal sigue en pie mientras las autoridades buscan asegurar que los servicios de agua sean adecuados y eficientes para los habitantes de Quintana Roo.
