Por KUKULKÁN
LADRÓN que roba ladrón tiene cien años de perdón, reza el dicho popular que se ajusta milimétricamente al caso de la misteriosa desaparición de al menos mil 300 millones de pesos de recursos públicos provenientes de juicios contra el saqueo durante el gobierno estatal de Roberto Borge Angulo y que supuestamente fueron recuperados por su sucesor Carlos Joaquín González, pero cuyo verdadero paradero está a punto de revelar la Auditoría Superior de Quintana Roo.
EL PRÓXIMO 20 de febrero marcará una fecha crucial en el calendario de la transparencia y la rendición de cuentas, cuando el auditor superior del estado, Manuel Palacios Herrera, se compromete a revelar el destino de los 1,300 millones de pesos recuperados en litigios contra exfuncionarios del gobierno de Roberto Borge. Esta suma, esquiva desde la administración de Carlos Joaquín, se encuentra en el centro de un enigma que el auditor pretende resolver antes de entregar los resultados de la auditoría de la cuenta pública de 2022 al poder legislativo.
DESDE 2017, bajo la iniciativa “el que la hace la paga”, este esfuerzo ha logrado recuperar fondos a través de acciones legales contra miembros del gobierno anterior, enfatizando el compromiso del denominado “gobierno del cambio” de Carlos Joaquín González. En un informe presentado al Congreso por la fiscal Anticorrupción, Rosaura Villanueva Arzapalo, en febrero de 2023, se detalla la recuperación de estos fondos, incluyendo 350 millones de pesos en efectivo administrados por la entonces secretaria de finanzas, Yohanet Torres Muñoz, ahora diputada del Partido Verde, y bienes inmuebles de valor significativo, gestionados por la Agencia de Proyectos Estratégicos, dirigida actualmente por José Alberto Alonso Ovando.
EL MANEJO discrecional que se le dio a estos recursos ha sido objeto de escrutinio y controversia. Yohanet Torres Muñoz ha ofrecido declaraciones contradictorias sobre el manejo del efectivo, mientras que Alonso Ovando ha reportado la recepción de bienes por un valor considerablemente menor al recuperado, apenas 230 millones de pesos. Estas discrepancias provocaron en un inicio que Renán Sánchez Tajonar, cuando fungía como líder legislativo, anunciara una investigación para rastrear estos recursos, aunque posteriormente se retractó de su declaración, eximiendo a su correligionaria Torres de responsabilidad alguna.
MENOS de quince días faltan para que la Auditoría Superior dé a conocer los resultados de su investigación para deslindar responsabilidades de los principales protagonistas del manejo de estos recursos públicos, y la instrucción que se tiene del gobierno estatal que encabeza Mara Lezama Espinosa es combatir a fondo la corrupción y la impunidad de los responsables, sea quien sea, para que este tipo de actos ilegales e inmorales no se vuelvan a repetir por más que el fuero les proporcione eventual tranquilidad.
ESTE escenario plantea interrogantes urgentes sobre la integridad en la gestión de fondos y bienes públicos recuperados, demandando respuestas claras y acción decidida para garantizar que estos recursos sean utilizados en beneficio de la comunidad de Quintana Roo. Con la fecha límite acercándose, los ojos de la ciudadanía y los medios están puestos en las autoridades, esperando resoluciones definitivas que refuercen la confianza en sus instituciones.
