- La SCJN confirmó órdenes para que el gobierno federal entregue información del caso de Calica,
VÍCTOR FUENTES / AGENCIA REFORMA
CIUDAD DE MÉXICO.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó órdenes para que el gobierno federal entregue información del caso de Calizas Industriales del Carmen (Calica), en Quintana Roo.
Por nueve votos contra dos, el Pleno de la Corte rechazó tres recursos de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF) que, alegando razones de seguridad nacional, buscó anular y mantuvo congeladas órdenes del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI).
Las disidentes fueron las ministras Loretta Ortiz y Lenia Batres, esta última consejera adjunta en la CJEF hasta diciembre pasado.
En noviembre de 2022, el INAI ordenó entregar copia de la denuncia que el gobierno federal presentó en junio de ese año contra Calica ante la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
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Desde 2019, el gobierno federal y la firma Vulcan Materials, dueña de Calica, litigan un arbitraje por lo que esta última acusa como el despojo de su concesión para explotar piedra caliza en Quintana Roo, mientras que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha señalado a la empresa por daños ambientales.
La Corte aclaró que, al reservar su denuncia ante la ONU durante cinco años, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) no mencionó que su difusión implicara algún riesgo a la seguridad nacional, sino que dicho argumento fue introducido por la CJEF en su recurso y, por tanto, no podía ser estudiado.
El ministro Juan Luis González Alcántara destacó que el Alto Comisionado no tiene facultades para resolver denuncias de estados contra particulares por supuestas violaciones a derechos humanos.
TAMBIÉN EN CASO PEGASUS
En el caso de Pegasus, el INAI ordenó a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) entregar una “versión pública de los reportes de operaciones que presentan las entidades financieras y los avisos de quienes realizan actividades vulnerables, diagnósticos, así como del sistema de pagos electrónicos interbancarios”, todos relacionados con la compra del software israelí de espionaje telefónico, adquirido por el gobierno del entonces presidente Enrique Peña Nieto en 2014.
ordenan-a-la-4t-abrir-caso-calicaEsta información fue solicitada a la UIF luego de que su extitular, Santiago Nieto, expuso detalles sobre la compra de Pegasus en la conferencia mañanera del 21 de julio de 2021.
Nieto informó que la Agencia de Investigación Criminal de la entonces PGR pagó 32 millones de dólares a la empresa NSO Group, y que, en total, se hicieron pagos por más de 6 mil millones de pesos que involucraron a múltiples empresas y dependencias.
En esa ocasión, Nieto dio los nombres de las empresas, y otros detalles, pero ante las solicitudes de información, decidió reservar los datos por cinco años, alegando que se pondrían en riesgo sus técnicas de inteligencia y la investigación de probables delitos.
Esta reserva es la que revocó el INAI, lo que confirmó la Corte.
