Por KUKULKÁN
EL SISTEMA anticorrupción en Quintana Roo, promesa emblemática de la administración de Carlos Joaquín González desde 2017, se tambalea ante la crítica y el escrutinio público. Diseñado como la panacea contra la impunidad heredada por el gobierno de Roberto Borge Angulo, hoy día se revela como una estructura opaca y deficiente. Omar Rodríguez Martínez, presidente de la Comisión de Órganos Autónomos del Congreso, lanza una advertencia que no podemos ignorar: los resultados son, lamentablemente, muy pobres.
LA INTENCIÓN era noble y necesaria: desmantelar el legado de corrupción, recuperar bienes malversados y restaurar la fe en las instituciones públicas. Sin embargo, casi siete años después, el balance es desalentador. Los pilares de este sistema, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción bajo el mando de Rosaura Villanueva Arzapalo y el Comité de Participación Ciudadana, liderado por Mariana Belló, apenas alcanzan una calificación de “regular”. Este veredicto no sólo refleja un desempeño insuficiente sino que, más grave aún, evidencia una deuda con la población en la protección del patrimonio público.
AÚN MÁS desalentador resulta el reciente anuncio del auditor superior del estado Manuel Palacios Herrera en el sentido de que el 20 de febrero entrante será revelado el destino que tuvieron los mil 300 millones de pesos que la Fiscalía reportó como el monto recuperado durante cinco años en litigios contra exfuncionarios del gobierno de Roberto Borge. Según las cuentas de la fiscal, únicamente 350 millones fueron en efectivo, pero la Auditoría detectó que no hay constancia documental sobre el destino de esta suma, mientras que de los restantes 950 millones fueron en bienes públicos sólo se ha podido comprobar la existencia de inmuebles por un valor inferior a los 230 millones de pesos. El sospechosismo abre la interrogante: ¿Fue simulación o atraco?
ESTE desencanto se ve exacerbado por la apatía legislativa ante el informe 2023 de la fiscal, quien se aproxima al término de su mandato. La indiferencia se manifiesta en la ausencia de una mayoría de diputados durante la presentación de dicho informe, un síntoma de la falta de interés en fortalecer los cimientos de la lucha contra la corrupción. A pesar de los escasos logros, no hay indicios de un cambio de rumbo o de una renovación en el liderazgo que impulse una verdadera transformación antes de que inicie el proceso de renovación de posiciones clave en 2024.
LA SITUACIÓN es alarmante. Estamos ante la inminente necesidad de reevaluar y rediseñar un sistema que se suponía sería el estandarte de la transparencia y la rendición de cuentas. La lucha contra la corrupción en Quintana Roo se encuentra en una encrucijada crítica, demandando una respuesta urgente y contundente. La ciudadanía quintanarroense merece más que promesas vacías y resultados insuficientes. Exige acción, transparencia y, sobre todo, resultados tangibles.
ES IMPERATIVO que las autoridades actuales y futuras tomen nota de esta falla sistémica y se comprometan a una revisión profunda y a una reforma integral del sistema anticorrupción. Solo así podremos aspirar a cerrar este capítulo oscuro de nuestra historia y avanzar hacia un futuro donde prevalezca la integridad y la justicia. El llamado es claro: es hora de pasar de la retórica a la acción. Es momento de que Quintana Roo deje atrás las sombras de la corrupción y se encamine hacia la luz de la transparencia y la rendición de cuentas. ¿Responderán nuestras autoridades a este llamado? Sólo el tiempo, y su voluntad de cambio, lo dirán.
