- En el caso de la controversia para que la UIFE pase a integrarse a la Fiscalía General del Estado, el Gobernador Samuel García cumplió en la raya con el mandato de la Corte.
ÁNGEL CHARLES / AGENCIA REFORMA
MONTERREY, NL.- En el caso de la controversia para que la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica (UIFE) pase a integrarse a la Fiscalía General del Estado, el Gobernador Samuel García cumplió en la raya con el mandato de la Corte, pero sólo para iniciar una nueva batalla legal.
Después de que fue emplazado hace dos semanas por la Corte, García publicó ayer -dos días antes de que venciera el plazo- el decreto avalado por el Congreso local que le quita a la Tesorería estatal la UIFE para pasarla a la Fiscalía General.
Sin embargo, el Mandatario anunció que hoy impugnará estas reformas mediante una controversia constitucional ante la misma Corte y buscará frenar el cambio con una suspensión, lo que podría trabar de nuevo el asunto.
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El decreto 196 fue aprobado por la mayoría del PRI y PAN en el Congreso desde el 15 de junio del 2022, pero fue publicado apenas en el Periódico Oficial del Estado con fecha de este lunes, aunque fue subido al sitio web en los primeros minutos de ayer.
La UIFE, dependencia con atribuciones de fiscalización, ha sido una de las más polémicas en la actual Administración estatal, a la que se le ha acusado de ejercer presiones, amenazas y acoso político a rivales del Gobernador emecista.
Con estas reformas, la UIFE pasa a ser una Fiscalía Especializada en Inteligencia Financiera dependiente de la Fiscalía General, que será la encargada de designar a su titular, quedando fuera del ámbito del Estado.
El Fiscal General es designado por el Congreso local, dominado por las mayorías del PAN y del PRI, que actualmente mantienen disputas abiertas con el Gobernador.
“(Con la publicación del decreto) se hace justicia para todas aquellas personas que han sido perseguidas por la UIFE estatal: (ciudadanos) que recibieron denuncias por parte de la UIFE, empresarios, políticos, Alcaldes, todo aquel que piense diferente por el Gobernador”, dijo Carlos de la Fuente, coordinador de la bancada panista en el Congreso.
“Es una segunda derrota para el Gobernador”.
El decreto establece un plazo de 60 días naturales para que el Fiscal General designe al nuevo titular de la Fiscalía Especializada en Inteligencia Financiera.
Además, da un plazo de 90 días naturales para que la Fiscalía General y la Tesorería estatal hagan las reformas necesarias para su reglamentación interna.
La decisión del Máximo Tribunal se dio ante una controversia constitucional presentada por el Poder Legislativo, que acusó la omisión del Estado de publicar la reforma en el Periódico Oficial, para que entrara en vigor.
Ayer por la tarde, en un evento en el DIF Capullos, el Ejecutivo advirtió que buscarán frenar estos cambios, alegando que son inconstitucionales.
“Nosotros consideramos que es una ley inconstitucional, pero para poderla impugnar tenemos que primero publicarla”, justificó García.
“El día de ayer se publicó, mañana (hoy) vamos a ir a la Corte a presentar ahora sí contra la publicación, una controversia porque a nivel federal la UIFE es parte de la hacienda pública.
“Como su facultad es investigar delitos fiscales y financieros”, dijo, “creemos que no puede la UIFE separarse de la Tesorería del Estado”.
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