- Un día después de que Samuel García publicó el decreto con el que la UIFE pasa de la Tesorería estatal a la Fiscalía, el encargado del Despacho de ésta última dijo que iniciaría la transición para tomar el control.
URIEL VÉLEZ – PERLA MARTÍNEZ / AGENCIA REFORMA
MONTERREY, NL.- Un día después de que el Gobernador Samuel García publicó el decreto con el que la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica (UIFE) pasa de la Tesorería estatal a la Fiscalía, el encargado del Despacho de ésta última dijo que iniciaría la transición para tomar el control.
En entrevista al concluir la reunión de seguridad en Palacio de Gobierno por la mañana, Pedro Arce afirmó que en el transcurso del día de ayer enviaría una notificación al Tesorero Carlos Garza.
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“Nosotros tenemos que acatar lo que el día de ayer (martes) se publicó”, aseguró.
“Mientras no haya ninguna resolución o contrasentido de lo que está debidamente publicado, nosotros tenemos que continuar para que se acate lo que ya determinó la Corte”.
Sostuvo que el decreto publicado por el Gobernador emecista establece que todo lo que compone la UIFE debe pasar a formar parte de la estructura de la Fiscalía General.
“Estaré enviando una notificación al Tesorero en las próximas horas donde le pondré en conocimiento que designaré un enlace para llevar a cabo esta transición”.
Aunque anoche se consultó con el área de comunicación de la Fiscalía para saber si se había enviado la notificación, no hubo respuesta.
Según dijo Arce, las investigaciones que emprendió el Estado a través de la UIFE contra el priista Francisco Cienfuegos y el coordinador de la bancada del PAN en el Congreso, Carlos de la Fuente, seguirán abiertas con la creación de la Fiscalía Especializada en Inteligencia Financiera.
Ante el anuncio del Gobernador de inconformarse ante la Suprema Corte por la cesión de la UIFE, el Congreso informó que prepara una contrademanda.
“Si presenta una demanda de controversia, le tenemos preparado una contrademanda por el incumplimiento”, expresó Ricardo Tamez, consultor externo del Legislativo en temas de constitucionalidad.
“Sería una controversia constitucional ante la Suprema Corte. Ése sería el camino”.
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