MARCO ANTONIO BARRERA
SOLIDARIDAD, Q. ROO.- La empresa Desarrolladora de la Riviera Maya (Derimaya) no ha podido desestimar el cateo ni su pretensión de que se le restituya el inmueble asegurado por la Fiscalía General del Estado (FGE), en el municipio de Solidaridad.
La compañía —con participación estatal mayoritaria (51%) pero que opera con una administración privada— recurrió al amparo para intentar revertir la orden del Juez de Control de Primera Instancia que fue ejecutada por la Fiscalía Especializada en Combate a Delitos Patrimoniales, el 19 de enero pasado.
En la diligencia se aseguraron equipos de cómputo y documentos contables que forman parte de una investigación que se sigue por el delito de administración fraudulenta en agravio del patrimonio del gobierno del estado, cuyo origen se remonta a una denuncia de hechos del 6 de julio de 2023.
El representante de la compañía alegó que el bien patrimonial es su sitio principal de negocios y el cateo se hizo supuestamente de manera arbitraria, sin respetar las garantías constitucionales, pero se le reviró que el procedimiento está establecido en el artículo 282 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
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De la legalidad del aseguramiento del inmueble, se validó legalmente que se realizó después de la orden de cateo y fue ordenado por la Fiscalía de Delitos de Delitos Patrimoniales, de acuerdo al artículo 229 del mismo Código.
La legislación señala que los instrumentos, objetos o productos del delito serán asegurados durante el desarrollo de una investigación para evitar que se alteren, destruyan o desaparezcan.
“De ahí que esta juzgadora estime improcedente otorgar la medida suspensiva, en atención a que no debe pasar inadvertido que dentro del inmueble cateado y asegurado con motivo de una carpeta de investigación se encuentran diversos bienes susceptibles de ocultarse, lo que, de llegar a verificarse, se traduciría en una pérdida de pruebas indispensables para la investigación que se desarrolla”.
El amparo 34496918 del Juzgado Cuarto de Distrito se interpuso el 30 de enero pasado, y ese mismo día se negaron las medidas cautelares provisionales que buscaban dejar sin efectos el cateo, y recuperar el uso del bien inmueble.
La petición legal fue negada por el juez federal al considerarla improcedente, pues tratar de desestimar el procedimiento iría contra el orden público e interés social.
De otorgarse la protección constitucional se impediría ejecutar una técnica que contribuye al desarrollo de las investigaciones de delitos, asegurar la presencia del imputado en el procedimiento, garantizar la seguridad de la víctima, testigo u ofendido, y evitar la obstaculización del procedimiento.
La moral inconforme interpuso la queja 34591667 ante el Segundo Tribunal Colegiado, en cuya sentencia se validó el fallo del juez, en los siguientes 14 días.
La orden judicial permitió a las autoridades ingresar a un edificio color gris de tres niveles en cuyo acceso principal existe un logotipo metálico de Derimaya.
El objetivo del cateo fue realizar la búsqueda, localización y aseguramiento de la documentación contable y financiera, presupuesto autorizado de ingresos y egresos, estados financieros del Consejo de Administración, relaciones de cuenta por cobrar y pagar, pólizas de ingresos y egresos, un listado de los lotes de comercialización de la reserva de sus polígonos y la disponibilidad de datos.
Igualmente, pólizas de ingresos y egresos, libros y cualquier documentación fiscal, contable o financiera, flujos, balances y auxiliares, y equipos de cómputo, portátiles, tabletas y demás que puedan almacenar información, del 1 de enero de 2021 al 18 de enero de 2024.
La compañía argumentó que la diligencia se efectuó en “un lugar diverso, además que se presentaron autoridades que no estaban autorizadas”.
Igualmente, el “Aseguramiento 471” del bien inmueble al que se impuso sellos sin que fuera autorizado por el juez de Control, y acusó que a los directivos no se le dio acceso a la carpeta auxiliar 12/2024, ni a la carpeta de investigación principal.
Otro reclamo fue la difusión de los hechos mediante el mensaje “Cumplimenta FGE y Guardia Nacional orden de cateo a un inmueble del municipio de Solidaridad por el delito de administración fraudulenta” realizado en la red social de “X” y en el sitio web oficial de la FGE, el 19 de enero.
Para Derimaya, la autoridad ministerial supuestamente habría violado el derecho de presunción de inocencia “en su vertiente de trato extraprocesal”.
El amparo se mantiene activo contra actos del Juez de Control de Primera Instancia del Distrito Judicial de Solidaridad, el fiscal general, el fiscal y a tres agentes del Ministerio Público adscritos a Delitos Patrimoniales, tres agentes de Investigación y seis peritos de la Fiscalía estatal.
