- La entrada en vigor de la Ley SB4 en Texas ha encendido las alarmas sobre las implicaciones profundas de criminalizar el flujo migratorio.
STAFF / LUCES DEL SIGLO
CIUDAD DE MÉXICO.– En un giro de eventos que ha sacudido los cimientos de la relación bilateral entre México y Estados Unidos, la entrada en vigor de la Ley SB4 en Texas ha encendido las alarmas sobre las implicaciones profundas de criminalizar el flujo migratorio.
Marcela Guerra Castillo, la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, no ha tardado en levantar la voz contra lo que describe como una medida “muy desafortunada” y una “violación flagrante de los derechos humanos”.
Con una firmeza en su discurso, Guerra Castillo subrayó la desmesura de considerar la migración como un delito, advirtiendo que esta legislación no sólo abre la puerta a “expresiones de odio y discriminación racial”, sino que también pone en jaque los lazos de amistad y cooperación económica, especialmente con Texas, hogar de casi 10 millones de mexicanoamericanos.
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La diputada presidente puso especial énfasis en la relevancia de Texas como un socio económico crucial, citando un intercambio de bienes y servicios con México que en 2022 ascendió a la astronómica cifra de 286 mil millones de dólares. “Es altamente preocupante”, afirmó, destacando la ironía de que Texas, un estado que se beneficia enormemente de su relación con México a través del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC), adopte una postura tan hostil hacia la migración.
En un tono de crítica constructiva, Guerra Castillo destacó los potenciales efectos negativos de la Ley SB4 en las relaciones México-Estados Unidos, a la vez que aplaudió la respuesta del gobierno de Biden, que ha recurrido al tribunal federal de apelaciones del quinto circuito en Nueva Orleans en un intento por frenar esta medida, que ella describe como “orquestada por intereses electorales”.
Con una llamada a la acción para contrarrestar estas políticas criminalizantes y violatorias de los derechos humanos, la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados se erige como una figura de resistencia contra la erosión de los valores compartidos y el deterioro de las relaciones diplomáticas y económicas.
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