- Germán Castillo llamó a la Suprema Corte para que no se vuelva subordinada de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
MARCO ANTONIO BARRERA
CANCÚN, Q. ROO.- El fiscal especializado de Control Regional de la Fiscalía General de la República (FGR), Germán Castillo, llamó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que no se vuelva subordinada de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Antes de resolver los asuntos pendientes que podrían llevar a la anulación de la prisión preventiva oficiosa, dijo, se debe tomar en cuenta que la medida cautelar es un deber del Estado Mexicano de protección a las víctimas, testigos y la sociedad.
El funcionario federal reconoció que nuestro país tiene compromisos internos e internacionales de respeto a los derechos elementales de las personas, pero la institución está comprometida con la persecución penal y con la garantía de la protección de los derechos humanos de las víctimas.
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Germán Castillo presidió la primera sesión de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia de la Zona Sureste que se desarrolla en Cancún, la cual reúne a los fiscales, representantes de la sociedad y servidores públicos de Quintana Roo, Campeche, Yucatán, Chiapas, Veracruz y Tabasco.
Al insistir en que debe prevalecer la prisión preventiva oficiosa resaltó que la medida legal no avala una relación arbitraria, porque el juzgador examina puntualmente las circunstancias de la detención de manera previa.
Tampoco es de imposición automática porque se analiza después de la vinculación a proceso en la que se establece la existencia del hecho ilícito y de la probable participación del imputado.
Igualmente, no es indefinida ni absoluta en virtud de que solo es por el tiempo necesario y por un máximo de dos años, y tiene la supervisión de los órganos jurisdiccionales.
Germán Castillo precisó que no es contraria a tratados internacionales reconocidos por México, ya que esa medida es reconocida por la Convención Americana de los Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que dotan de plena facultad a un Estado parte para restringir la libertad sin perjuicio de la presunción de inocencia.
El funcionario insistió que no es una pena anticipada porque su naturaleza es cautelar para evitar riesgos a la víctima y los testigos, a la evidencia y al proceso.
La restricción de libertad, abundó, no es incompatible con la Constitución General en la cual se establece que el ejercicio de las libertades puede suspenderse o restringirse bajo los casos y condiciones, que se establecen en el artículo 19 del máximo ordenamiento legal.
Para el funcionario de la FGR, las restricciones actuales deben prevalecer ya que los mismos tratados que celebra el presidente de la República con la actuación del Senado deben estar en concordancia con la Constitución, que refleja la voluntad soberana del Estado mexicano.
En México no sólo tienen compromisos internos e internacionales con los derechos humanos de los imputados, señaló, sino con los de todas las personas que se encuentren en su territorio, principalmente entre las víctimas del delito, y más cuando se pone en riesgo la vida, integridad, libertad, dignidad, desarrollo de la personalidad y la seguridad.
Los integrantes de la delincuencia organizada, insistió, deberían permanecer en prisión preventiva oficiosa, pero eso no se logrará sólo con voluntad, sino que requiere un esfuerzo mayor y compromiso para visualizar estas circunstancias ante el máximo tribunal de justicia del país.
El funcionario de la FGR informó que incidencia delictiva en el sureste del país es básicamente de delitos patrimoniales federales, contra entes públicos federales o bienes con protección federal, violación a la Ley de Armas de Fuego y Explosivos y la Ley de Vías Generales de Comunicación. Igualmente, en delitos en materia de hidrocarburos, contra la salud, y delitos contra la Ley de Migración, algunos que ameritan prisión preventiva oficiosa. “Como que suprimir esta herramienta puede permitir que crezca la incidencia”.
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