- El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó una importante reforma al artículo 26 de la Ley General de Desarrollo Social.
STAFF / LUCES DEL SIGLO
CIUDAD DE MÉXICO.- Con un contundente apoyo de 447 votos a favor, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó una importante reforma al artículo 26 de la Ley General de Desarrollo Social.
Esta modificación legislativa marca un antes y un después en la gestión y transparencia de los programas de desarrollo social en México, al exigir que tanto los gobiernos estatales como municipales publiquen claramente las reglas de operación de dichos programas.
La reforma, que ahora espera la ratificación del Senado de la República, tiene como principal objetivo asegurar que la asignación de los recursos públicos destinados a programas sociales se realice de manera eficiente, eficaz, oportuna y equitativa.
Esto, en respuesta a la creciente demanda ciudadana por una mayor transparencia y rendición de cuentas en la administración de fondos públicos.
Omar Enrique Castañeda González, diputado por el partido Movimiento Ciudadano, resaltó el compromiso de la Cámara con la transparencia gubernamental. Es imperativo que la distribución de recursos públicos sea un proceso abierto al escrutinio público, para combatir la discrecionalidad y el uso indebido de fondos en los niveles más cercanos a la ciudadanía”, declaró.
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La iniciativa también responde al principio de máxima publicidad, asegurando que toda la información en poder de las autoridades sea accesible, oportuna y completa, exceptuando aquellos casos justificados por necesidades democráticas.
Los defensores de la reforma argumentan que la opacidad en la gestión de los programas sociales ha erosionado la confianza ciudadana en las instituciones. La falta de reglas claras y públicas para la operación de estos programas ha permitido, en ocasiones, su uso con fines políticos o electorales, en lugar de servir a las necesidades reales de la población.
La reforma propuesta busca cambiar este panorama, garantizando que todos los programas sociales sean universales y lleguen efectivamente a quienes más los necesitan, sin importar las intenciones políticas de turno.
Esta decisión legislativa ha sido bien recibida por diversos sectores de la sociedad, quienes ven en ella un paso adelante hacia la consolidación de un gobierno más abierto y responsable ante sus ciudadanos.
