Señala la OCDE brecha contra la corrupción

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Señala la OCDE brecha contra la corrupción
  • México cuenta con uno de los mejores marcos estratégicos en materia de combate a la corrupción y de integridad pública, pero registra brechas significativas.
VÍCTOR OSORIO / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- México cuenta con uno de los mejores marcos estratégicos en materia de combate a la corrupción y de integridad pública, pero registra brechas significativas entre la fortaleza de sus regulaciones y su débil implementación, advierte un informe de la OCDE presentado este martes.

En nota del Panorama Anticorrupción y de Integridad 2024, el organismo señala en particular deficiencias en el País en las áreas de evaluación de riesgo de fraude, vigilancia integral de actividades de cabildeo y transparencia en declaraciones patrimoniales de funcionarios.

Destaca que el Programa Nacional de Lucha contra la Corrupción y la Impunidad y de Mejora de la Gestión Pública 2019-2024 incluye la identificación sobre riesgos existentes en materia de integridad pública e indicadores de resultados.

El informe asigna a México el primer lugar, junto con Letonia en materia de estrategia anticorrupción, con 93 por ciento del máximo puntaje posible. Sin embargo, su implementación obtiene una calificación de sólo 53 por ciento, por debajo de las de Lituania, Polonia, Grecia y Corea, entre otros países.

En el rubro de gestión y auditoría del riesgo de corrupción, la regulación en México obtiene una calificación de 73 por ciento y su implementación una de 33 por ciento.

“Las regulaciones de México en materia de control interno, impulsadas por la Secretaría de la Función Pública (SFP), se encuentran entre las mejores de los países de la OCDE.  Todas las entidades federales del sector público, incluidas las empresas estatales, las instituciones de crédito nacionales y los fideicomisos, deben presentar informes anuales obligatorios”, señala el informe.

“Sin embargo, en México los auditores internos no tienen acceso irrestricto al personal político y a la alta dirección. Y a pesar de la existencia de una unidad central de armonización dentro de la SFP, no hay datos centralizados sobre si las organizaciones públicas a nivel federal realizan evaluaciones de riesgos de fraude y de integridad”.

En tanto, indica la OCDE, México no cuenta con una institución que supervise las actividades de cabildeo y las regulaciones no incluyen períodos de transición para los funcionarios públicos que las realizan después de haber dejado el cargo.

El código de conducta aplicable a los diputados, agrega, no menciona situaciones de riesgo en relación con el cabildeo.

“Aunque existe un registro de cabilderos, este no incluye información sobre los gastos de sus actividades”, apunta.

El informe destaca la obligación de presentar una declaración de conflicto de intereses para los funcionarios electos, jueces y altos funcionarios públicos, y la existencia sanciones proporcionales a la gravedad del incumplimiento, que van desde las económicas hasta la inhabilitación para trabajar en el sector público.

En la práctica, señala, todos los miembros del Gobierno han presentado esa declaración en los últimos seis años, al igual que 80 por ciento de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia.

“Sin embargo, las declaraciones de conflictos de intereses de los miembros del Poder Judicial no están disponibles públicamente”, apunta.

En el caso de los integrantes del Congreso, señala no hay datos disponibles sobre las tasas de presentación de declaraciones.

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