Por KUKULKÁN
EN UN ESPECTÁCULO digno de la mejor tragicomedia, la XVII Legislatura de Quintana Roo prepara el escenario para una función que promete dejar a más de uno sin palabras, literalmente. Bajo el disfraz de proteger ‘el derecho a la intimidad personal y la propia imagen’, nuestros estimados diputados han presentado una iniciativa que, por su naturaleza irónica, bien podría considerarse un acto de magia política: hacer desaparecer la crítica y la transparencia con un simple movimiento legislativo.
LA MAESTRA de ceremonias, la diputada Jissel Castro Marcial, y su férrea defensora, Susana Hurtado Vallejo, acusan a los medios de comunicación de actos de violencia por el mero hecho de ejercer la crítica y el análisis, incluso cuando la vida ‘privada’ de nuestros servidores públicos se convierte en un asunto de interés público por sus propias acciones. Qué conveniente sería para ellos que, bajo esta nueva legislación, cualquier acto, por más público que sea, pudiera refugiarse bajo el sagrado manto de la ‘vida privada’.
ESTE INTENTO de censura no es más que un espejo de la vulnerabilidad de nuestros políticos a la crítica y el escrutinio. En un mundo ideal, nuestros representantes legislativos utilizarían la crítica como una herramienta para mejorar, para pulir su gestión y acercarse más a las necesidades del pueblo. En cambio, optan por blindarse detrás de una reforma constitucional que parece buscar más la protección de su imagen que la garantía de derechos fundamentales para la ciudadanía.
LA IRONÍA de intentar silenciar a los medios en una era de transparencia y libertad de expresión parece escapárseles. ¿Acaso olvidan que son figuras públicas, sujetas al ojo crítico de la sociedad que los colocó en sus curules? Este intento de censura, disfrazado de protección de la intimidad, no es más que un acto de prestidigitación política que busca desviar la atención de los verdaderos problemas que enfrenta la sociedad quintanarroense.
LA PROPUESTA legislativa, al parecer, olvida que la función pública lleva consigo una renuncia voluntaria a cierto grado de privacidad, en aras de la transparencia y el escrutinio público. La línea entre lo público y lo privado se desdibuja cuando las acciones personales afectan la capacidad de los servidores públicos para desempeñar sus cargos de manera ética y eficaz. Pero en este teatro de lo absurdo, parece que nuestros legisladores aspiran a un escenario en el que puedan actuar sin guion ni dirección, donde los errores se borran con el aplauso de una normativa que los protege no sólo de las críticas sino de las consecuencias de sus actos.
MÁS ALLÁ del velo de protección a la intimidad, lo que esta iniciativa revela es un profundo temor a la libertad de expresión y al poder del periodismo para revelar las incongruencias entre lo que se predica y lo que se practica en el ámbito público. La democracia se nutre del debate, de la discusión abierta y del cuestionamiento constante a nuestros líderes. Restringir la crítica y el análisis mediático es, en esencia, minar los cimientos sobre los que se construye una sociedad informada y participativa. En lugar de blindarse contra la opinión pública, nuestros representantes deberían abrazar la crítica como una oportunidad para el crecimiento personal y político, reforzando así el tejido democrático de nuestra nación.
DESDE el Nido de Víboras, continuaremos vigilantes, recordándoles a nuestros legisladores que el poder reside en el pueblo y que cualquier intento por silenciar las voces críticas será enfrentado con la tenacidad de aquellos comprometidos con la verdad y la justicia. Que no se equivoquen: la crítica constructiva es el más alto honor para un servidor público, un recordatorio constante de su deber hacia aquellos a quienes se deben. Bajo este escenario político, los actores deben recordar que el público —el verdadero juez de esta obra— tiene la última palabra.
