Por KUKULKÁN
EN EL ANFITEATRO de la justicia, donde el drama y la comedia se entrelazan como en una tragedia griega, los quintanarroenses son testigos de un espectáculo jurídico digno de la mejor sátira. Los protagonistas, Jorge Ballesteros Franco y Jorge Ballesteros Zavala, principales accionistas del Grupo Mexicano de Desarrollo (GMD), quienes han decidido seguir el ejemplo de su empleado Paul Rangel, director general de Aguakan, al buscar refugio en el sacrosanto amparo de la justicia federal. ¿Su objetivo? Evitar el feroz zarpazo de la justicia estatal de Quintana Roo, en un caso que huele a fraude procesal tan claro como el agua que supuestamente distribuyen a la población.
FRENTE a este escenario, el telón se levanta sobre una trama tan absurda como angustiosa para estos personajes: un decreto legislativo, el número 195, pone fin anticipadamente a la concesión otorgada a Aguakan, a pesar de que la responsable de los servicios de distribución de agua potable, alcantarillado y saneamiento en cuatro municipios de la entidad, busca afianzar con uñas y dientes la vigencia de su contrato hasta 2053. Ante tal embestida, la respuesta de los ilustres empresarios ha sido acudir al amparo, ese escudo contra la incertidumbre legal, logrando una suspensión provisional que los mantiene a flote con el oxígeno a punto de agotarse en medio de un mar de acusaciones.
QUIZÁS por ello, en su inescrutable sabiduría, la justicia federal les ha negado a los Ballesteros el acceso a la carpeta de investigación, ese cofre de los secretos donde yacen las evidencias de su presunto fraude. Esta negativa es el último giro de una trama que nos recuerda que en este juego, el derecho a la defensa es tan fluido como el recurso que Aguakan distribuye. ¿Y qué decir de las garantías económicas impuestas? Cifras que para muchos serían un rescate, para ellos son apenas el precio de una entrada a este teatro de lo absurdo.
INCONFORMES con un fallo que en primera instancia les negó la protección, los directivos del GMD elevaron su queja al Segundo Tribunal Colegiado, sólo para encontrar que sus agravios son tan fundados como una nube en el cielo soleado de Quintana Roo y que la suspensión obtenida está prendida por alfileres. En su drama, los accionistas mantienen viva la esperanza de una suspensión definitiva, aferrándose a sus solicitudes de amparo como náufragos a un trozo de madera. Pero el decreto legislativo que los agobia permanece implacable, amenazando con llevarse por delante décadas de concesión debido al incumplimiento en que la empresa incurrió durante los primeros 30 años de operación, con el sello de un mal servicio.
Y MIENTRAS estos titanes de la industria se cubren las espaldas con las mejores togas que el dinero puede comprar, el recurso más vital sigue fluyendo a través de una red de promesas rotas y lealtades cuestionables. A simple vista este caso podría percibirse como un estudio sobre el amparo y sus alcances, aunque al sumergirse a las profundidades nebulosas brota en calidad de un reflejo del eterno enfrentamiento entre el poder corporativo y la supervisión gubernamental, donde las líneas entre el bien público y el interés privado se entremezclan hasta volverse indistinguibles. La audiencia, tanto en el tribunal como fuera de él, aguarda con gran expectación el próximo acto de esta obra, esperando descifrar finalmente si la justicia, como el agua, encontrará su camino, o si seguirá siendo represada por los muros de la burocracia y el legalismo.
