Por KUKULKÁN
BAJO el manto de una justicia supuestamente inclusiva, el próximo mes de mayo, las frías celdas de Quintana Roo se transformarán en improvisadas cabinas electorales, donde 892 almas en pena tendrán el honor—o la burla, según se mire— de ejercer su derecho al voto. Un derecho que, irónicamente, se les concede mientras otro más esencial, el de la libertad, les es negado por una justicia tan lenta que parece detenida en el tiempo.
¿NO ES ACASO un sarcasmo cruel que el Estado, el mismo que ha fallado en dictar sentencia a cientos de internos, ahora les solicite su opinión sobre quién debería dirigir sus destinos? Se les niega sistemáticamente el derecho a un juicio justo en tiempos razonables, pero con gran pompa y circunstancia se les invita a decidir sobre el futuro político del país. Este año, se les extenderá la papeleta como si con ello se lavaran los pecados de un sistema penitenciario fracturado.
LAS BOLETAS llegaron a Quintana Roo escoltadas por un despliegue de seguridad que bien podría haberse utilizado para acelerar algunos de esos juicios pendientes. En Cancún, Cozumel y Chetumal, los reos podrán votar mientras sus propios destinos permanecen en un limbo jurídico. Sergio Bernal Rojas, vocal ejecutivo del INE, dio cuenta de los meticulosos preparativos que se aplicarán para que estos votos sean contados con precisión. Y es cuando uno se pregunta si se invierte igual esfuerzo en garantizar que la balanza de la justicia se mueva con la misma precisión y rapidez.
ESTE acto electoral no es más que un tenue barniz de civismo aplicado sobre una estructura corroída por la ineficacia y la desidia. Mientras políticos y funcionarios celebran este hito de inclusión, las cárceles de nuestro estado entran en bullicio con el murmullo de aquellos que aún esperan escuchar el veredicto de un juez. Al parecer, en Quintana Roo y en México en general, es más fácil organizar una jornada electoral en una prisión que asegurar que la justicia no sea sólo un concepto retórico.
EL DERECHO constitucional al voto se convierte en una paradoja cómica para quienes han sido despojados de su libertad básica sin veredicto alguno. Se promueve el voto de los reclusos como una victoria de los derechos humanos, pero se ignora convenientemente el abismo que existe entre ser considerado inocente y ser tratado como culpable sin la debida sentencia. El escenario perfecto para que la justicia y la ironía se den la mano en un baile grotesco, mientras la sociedad observa, a menudo indiferente, el desfile de despropósitos.
HASTA febrero pasado, el Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional reportó que en los penales de Quintana Roo existía una población de 3 mil 724 presos, de los cuales 892 —casi la cuarta parte— no han sido sentenciados en años, pero hoy se les otorga la ilusión de influencia sobre el sistema político mientras se les niega sistemáticamente la justicia en su forma más elemental. Así, las cárceles estatales no sólo serán el escenario de un proceso electoral, sino el cruel recordatorio de que la justicia, al igual que la democracia, puede ser selectivamente ciega y sorprendentemente olvidadiza.
