- Quieren tipificar como delito electoral las promesas en campaña que no se cumplen después.
EUGENIO PACHECO
CHETUMAL, Q. ROO.- Una nueva iniciativa legislativa denominada Ley de Integridad Electoral, impulsada por el sector empresarial de Quintana Roo, busca establecer sanciones severas contra los políticos que incumplan sus promesas de campaña.
Josué Osmany Palomo Hoil, presidente de la Alianza por la Responsabilidad Social Empresarial, informó que la propuesta ya fue presentada en el Congreso de la Unión, aunque aún no se ha tratado formalmente en el Pleno de la Cámara de Diputados.
La iniciativa, que cuenta con el respaldo de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), propone reformar la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y el Código Penal Nacional para tipificar como delito electoral las mentiras y el incumplimiento de compromisos proselitistas.
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Según la propuesta, aquellos candidatos que, usando falsedades, convenzan a los ciudadanos de votar por ellos y luego no cumplan con lo prometido podrían enfrentarse a sanciones que incluyen la destitución, inhabilitación y multas.
Palomo Hoil destacó que, históricamente, según sus evaluaciones, ningún partido político o candidato ha cumplido completamente con las promesas realizadas durante las campañas en el estado y sus municipios.
Esta falta de cumplimiento ha impulsado la necesidad de una regulación más estricta en esta materia.
Además, la iniciativa propone la creación de un mecanismo dentro del Instituto Nacional Electoral (INE) para evaluar la viabilidad de las propuestas de los candidatos durante las campañas electorales.
Este mecanismo emitiría informes y diagnósticos públicos que ayudarían a los electores a tomar decisiones informadas.
La voluntad de impulsar estas reformas será, según Palomo Hoil, un indicativo del compromiso de los partidos y candidatos con el avance de legislaciones que realmente beneficien a los ciudadanos.
La propuesta también busca fomentar una mayor participación de la sociedad civil en el monitoreo y seguimiento del cumplimiento de los compromisos de campaña.
Esta iniciativa refleja un esfuerzo significativo por parte del sector empresarial y ciertos sectores políticos para aumentar la transparencia y la responsabilidad en las prácticas electorales en México.
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