- La contraloría del INE entregó un reporte de funcionarios que no han cumplido con declaración patrimonial.
ÉRIKA HERNÁNDEZ / AGENCIA REFORMA
CIUDAD DE MÉXICO.- De manera inusual, la contraloría interna del INE envió a empleados del organismo electoral una lista de funcionarios que no han presentado su declaración patrimonial, en la que aparecen 10 consejeros.
La única que no está dentro de esa la lista es la presidenta del organismo, Guadalupe Taddei.
Sí aparecen Norma de la Cruz, Rita Abel, Jorge Montaño, Arturo Castillo, Jaime Rivera, Martín Faz, Dania Ravel, Carla Humphrey, Uuc-Kib Espadas y Claudia Zavala.
La lista enviada contiene 121 nombres, entre ellos 93 asesores de los consejeros.
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“En seguimiento al cumplimiento de los servidores públicos obligados a presentar la Declaración de Modificación Patrimonial y de Intereses, me permito adjuntar el listado de personas servidoras públicas pendientes de presentar la declaración.
Solicitando de ustedes a propósito de la supervisión que se debe cumplir de esta obligación, que puedan exhortar a las personas servidoras públicas que aún no la han presentado”, indica el correo electrónico.
El martes pasado, en la sesión de la Junta General Ejecutiva, el contralor interno Oswaldo Peralta informó que de 23 mil 737 personas que están obligadas a presentar su declaración en mayo lo habían hecho 10 mil 32.
Desde que Taddei llegó a la presidencia del INE, el titular del Órgano Interno de Control, primero Jesús George y ahora Peralta, se ha convertido en su mano derecha, contrario a la gestión de Lorenzo Córdova, donde tenían un enfrentamiento constante.
La consejera los ha incluido en todas las actividades, incluso en aquellas donde no tiene facultades.
El mes pasado, por primera vez en la historia del organismo, le pidió al contralor sentarse en la mesa del Consejo General para que diera su informe de labores, pero algunos consejeros le lanzaron recriminaciones.
También ha sido clave en licitaciones, y sus exigencias han provocado que se retrasen algunas contrataciones, lo que ha llevado a retrasos, como fue la compra de uniformes para capacitadores electorales o el servicio de telefonía.
El OIC ha sido acusado de presionar a funcionarios de la administración anterior para que dejen su cargo, y entre el equipo de la presidenta del INE.
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