Por KUKULKÁN
EN SOLIDARIDAD, la inseguridad no es un secreto a voces, es un clamor constante de una comunidad que enfrenta una tormenta de delitos de todo tipo. Desde robos a plena luz del día hasta homicidios que helarían la sangre del más valiente, el municipio parece haberse convertido en un campo de batalla donde la ley y el orden se tambalean. La situación ha llegado a tal punto que la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Ciudadana han tenido que intensificar sus esfuerzos para combatir la impunidad, logrando avances notables en la ejecución de mandatos judiciales y la implementación de nuevas estrategias de seguridad. Pero, ¿es suficiente?
LAS PRIMERAS cifras de estas acciones hablan de una efectividad del 87% en la ejecución de órdenes judiciales, habiendo cumplimentado 83 de las 95 órdenes de aprehensión emitidas de julio de 2023 a la fecha. Sin embargo, estos números apenas rozan la superficie de un problema mucho más profundo y enraizado en este municipio. La detención de 161 personas, 103 de ellas por delitos graves como homicidio doloso, feminicidio, trata de personas, extorsión y narcomenudeo, suena impresionante en papel, pero ¿cuántos más quedan libres, acechando en las sombras?
A PESAR de estos esfuerzos, la percepción de inseguridad sigue siendo alta entre los solidarenses que el pasado domingo se durmieron con la noticia lamentable de la ejecución de Óscar Ramos, miembro del equipo de campaña de la candidata a la presidencia municipal por Morena, Estefanía Mercado, quien responsabilizó de los hechos a la actual administración de la panista Lili Campos, ante lo cual los ciudadanos de a pie no se sienten más seguros al caminar por las calles de Playa del Carmen o al enviar a sus hijos a la escuela.
SIN DUDA, los 298 vinculados a proceso, los 48 cateos y las 50 sentencias, algunas con penas de hasta 50 años de prisión, son logros que la FGE y la SSC deben destacar, pero que no cambian el sentimiento de vulnerabilidad que impera en la comunidad. Cuando la autoridad municipal da indicios de estar ligada a los grupos delincuenciales, de poco o nada sirven la creación del Grupo Centurión, dedicado a combatir la extorsión, y del Grupo Orión, enfocado en reducir los delitos patrimoniales. Aunque necesarias, estas medidas no son más que parches temporales en un barco que se hunde inevitablemente.
DURANTE la reciente reunión de la Mesa de Seguridad y Justicia de Quintana Roo en Puerto Aventuras, más de 20 representantes del sector empresarial revisaron los operativos recientes. Durante la sesión, encabezada por el Contraalmirante Julio César Gómez Torres y el fiscal general Raciel López Salazar, se reiteró la importancia del trabajo coordinado entre las instancias de los tres órdenes de gobierno y la participación activa de las organizaciones de la sociedad civil. Sin embargo, las palabras bonitas y los acuerdos bienintencionados no protegen a nadie de una bala perdida cuando los delincuentes están del lado del Ayuntamiento.
POR MÁS que la Mesa de Seguridad y Justicia de Quintana Roo se reúna de manera constante para evaluar las acciones implementadas y fortalecer la coordinación en las labores de seguridad, se rema contracorriente de un gobierno local que está dispuesto a todo por conservar el poder en las próximas elecciones del domingo 2 de junio. Se aplaude la constancia de las autoridades estatales, pero la realidad y los ciudadanos que son ajenos a las disputas partidistas exigen más que reuniones constantes; requieren resultados palpables, visibles en su vida diaria. La paz, la tranquilidad y la seguridad no son conceptos abstractos; son necesidades básicas que aún están lejos de ser satisfechas.
POR FORTUNA, la esperanza hacia una transformación de fondo en el tema de seguridad tiene como fecha fatal el próximo domingo 2 de junio cuando los solidarenses deben renovar a sus autoridades municipales y decidir si continúan con el mismo gobierno que alienta la violencia o si cambia a la opción por la paz y la armonía con los tres niveles de gobierno. Está claro que la seguridad no se mide sólo en estadísticas y detenciones, sino en la confianza que los ciudadanos sienten al vivir su día a día. Hasta que esa confianza no sea restaurada, todos estos esfuerzos seguirán siendo, tristemente, insuficientes.
