Incurre en desacato funcionario de Solidaridad

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  • El caso está relacionado con la clausura ilegal de un cajero automático.
MARCO ANTONIO BARRERA

SOLIDARIDAD, Q. ROO.- La clausura ilegal de un cajero automático del banco BBVA instalado al interior de un resort en Playa del Carmen, tiene jurídicamente contra las cuerdas al gobierno de Solidaridad.

El caso se ha elevado a un grado tal que, por la rebeldía del director de Cobranza y Fiscalización de la Tesorería Municipal, de negarse a obedecer un mandato judicial, se le impuso una multa de más de 10 mil pesos.

La ejecución del cobro ya fue notificada al administrador general de Recaudación del Servicio de Administración Tributaria del estado, para que una vez que termine un juicio de amparo se proceda de inmediato, aun cuando el funcionario citado ya no forme parte de la administración que encabeza la alcaldesa con licencia Lili Campos Miranda.

La inmovilización comercial se dio contra el aparato dispensador de efectivo instalado al interior del “Hotel Riu Palace México”, ubicado en la avenida Xaman Ha, Manzana 4, Lote, cuyo resort se encuentra a pie de la línea de costa, a una distancia de tres kilómetros de Playa del Carmen.

Al servidor público del área de cobranza que se le responsabiliza de incurrir en una actitud contumaz (rebelde) fue identificado como Reynaldo Rizos García, el cual depende jerárquicamente de la Tesorería Municipal.

Al frente del área encargada de las finanzas municipales aparece Kira Iris, según el directorio de la administración 2021-2024, cuya misma persona fue la que se desempeñó antes como diputada en la XVI Legislatura local de 2019 a 2022.

A la responsable de las finanzas municipales, el mismo juez federal la emplazó —en su calidad de superior jerárquico del funcionario rebelde— a dar cumplimiento a la sentencia del amparo 30956531 del Juzgado Quinto de Distrito radicado en la entidad.

El fallo judicial en cuestión invalidó todos y cada uno de los procedimientos administrativos contra la clausura de un cajero automático del banco BBVA, incluyendo también multas, gastos de ejecución y/o cobranza generados.

Al titular de la tesorería se le ordenó cumplir con la ejecutoria, al agotarse un plazo de tres días concedido al director de Cobranza y Fiscalización, el 10 de mayo pasado.

Al funcionario que incumplió el mandato, o a quien le haya sucedido en el cargo, se le impuso una multa de 10 mil 857 pesos equivalente a 100 veces el monto diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), de 108.57 pesos por unidad.

A la funcionaria superior jerárquica se le ordenó su intervención para que la persona subordinada acate el fallo protector “y romper así con la contumacia en que haya incurrido”.

La misma resolución estableció que de darse una nueva rebeldía, tanto la tesorera como su superior jerárquico (alcaldesa), serán también sancionadas económicamente con el doble de la multa, es decir, con 21 mil 714 pesos, equivalentes a 200 veces el valor de la UMA.

Igualmente, se podría remitir el expediente de incumplimiento a un Tribunal Colegiado en turno para continuar con el llamado procedimiento de inejecución, que ocurre cuando a pesar de darse una sentencia firme que otorgó el amparo y la protección federal a un quejoso, la autoridad responsable incumple con el fallo protector.

A la tesorera y a la alcaldesa se les recordó que un cumplimiento extemporáneo, si es justificado, no les priva de responsabilidad, y que podría tomarse como atenuante de la sanción penal que pudiera dictarse.

Si el incumplimiento se da mediante evasivas o procedimientos ilegales, se agregó, se podría también incurrir en la comisión de un delito establecido en al artículo en la fracción I del artículo 267 de la Ley de Amparo.

El juicio de garantías fue interpuesto por el banco BBVA que logró revertir jurídicamente un ilegal procedimiento de clausura de uno de sus aparatos automáticos que brindan servicio a los turistas, en 2022. 

La resolución inatacable ordenó dejar sin validez la orden de inspección OIP/9007/2022 generada el 10 de agosto del mismo año, y la posterior ejecución de la clausura decretada mediante el oficio OCP/462/2022, al siguiente 14 de septiembre.