- No puede obtener protección legal vía amparos, la empresa ha intentado varios recursos, pero en cada uno ha perdido.
MARCO ANTONIO BARRERA
CANCÚN, Q. ROO.- La empresa Calizas Industriales del Carmen (Calica) no pudo obtener una protección legal al impugnar legalmente la clausura definitiva de sus instalaciones extractivas y portuarias en el municipio de Solidaridad.
La compañía que cambió su razón comercial a “Sac-Tun” recurrió a ocho juicios de amparo simultáneos contra el cierre permanente ejecutado por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), el 21 de mayo pasado.
El presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró recientemente en una conferencia mañanera que el cierre permanente no representa una expropiación, al dar respuesta al secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, de que una eventual medida en ese sentido no daría un buen mensaje para atraer inversiones al país.
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Sobre las instalaciones extractivas de “El Corchalito” y “La Adelita”, el predio forestal “La Rosita” y el muelle portuario de “Punta Venado” pesaba una orden de clausura total temporal desde 2022, pero que se modificó al ejecutarse una visita de inspección que impuso el cierre definitivo.
La clausura de las instalaciones extractivas fue decretada por la Dirección General de Impacto Ambiental y Zona Federal Marítimo Terrestre de la Subprocuraduría de Recursos Naturales en los predios “La Rosita”, “El Corchalito” y “La Adelita”.
La sanción administrativa se determinó luego de constatarse daños ambientales irreversibles, como el haber mezclado las cámaras de agua dulce y salada, por la explotación de material pétreo por debajo del manto freático, durante más de 30 años.
La primera visita de inspección al complejo extractivo fue instruida por el presidente Andrés Manuel López Obrador en una conferencia mañanera en mayo de hace dos años, y desde entonces la empresa ha tratado de revertir legalmente la medida.
La empresa Legacy Vulcan, LLC mantiene también un litigio contra el gobierno de México ante el Tribunal Arbitral Internacional, dependiente del Banco Mundial, por una supuesta violación al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), desde el 3 de enero de 2019.
Contra la clausura definitiva, la empresa subsidiaria que cambió su nombre comercial a “Sac.Tun” interpuso ocho amparos simultáneos para solicitar medidas cautelares, los cuales recayeron para su análisis en los juzgados Segundo (2), Tercero (2), Quinto (2) y Séptimo (2) de Cancún, el 25 de mayo pasado..
En todos los casos solicitó la protección federal contra los procedimientos ejecutados por la oficina que depende de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), pero se le negó la suspensión provisional.
Antes, en un par de amparos, igualmente reclamó una orden de irrupción a sus instalaciones portuarias por personal de la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante, el 9 de abril del presente año.
Igualmente, responsabilizó por el ingreso a las instalaciones al comandante de la Décima Quinta Zona Naval de la Novena Región de la Armada de México con residencia en San Miguel de Cozumel, la cual depende de la Secretaría de Marina (Semar), el 18 de abril de este año.
En el primero de los anteriores juicios de garantías se negó la suspensión provisional el viernes pasado, y del otro todavía sigue sin dictarse alguna resolución.
De la misma manera tiene emplazada a la Dirección General de Inspección y Vigilancia Forestal de la subprocuraduría de Recursos Naturales de la Profepa, por la clausura dictada previamente ante la falta de permiso para el cambio de suelo forestal en “La Rosita”.
El litigio se debate ante el Juzgado Séptimo de Distrito donde se pretende quitar validez a la clausura justificada con una orden de inspección del 22 de mayo de 2022.
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