- Trabaja la SEQ para que el operativo se aplique para próximo ciclo escolar sin violar derechos de estudiantes.
EUGENIO PACHECO
CHETUMAL, Q. ROO.- La Secretaría de Educación de Quintana Roo prepara un protocolo de actuación, con garantías de respeto a los derechos de las niñas, niños y adolescentes, para retomar el “Operativo Mochila, tan pronto inicie el próximo ciclo escolar en agosto próximo, adelantó el director jurídico de la SEQ, Roberto Arguelles González.
La realización de este operativo es inminente ante la permanencia de algunos casos en donde se han detectado armas punzocortantes y hasta sustancias nocivas, por lo que se trabaja con otras autoridades para llevarlo a cabo, sin menoscabar las garantías de los menores, aclaró el funcionario.
“A escasas seis semanas de concluir el Ciclo Escolar 2023-2024, desde la Secretaría de Educación de Quintana Roo se anticipa la aplicación del llamado ‘Operativo Mochila’ para el siguiente curso educativo, ante la recurrencia, aunque menor, todavía existente de casos en donde se involucra a estudiantes con objetos y sustancias no permitidas en los planteles educativos públicos”, indicó.
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Argüelles González advirtió que esto parte de la necesidad de garantizar la seguridad de los estudiantes que asisten a las escuelas públicas de la entidad, por lo que el tema se abordará como un asunto de seguridad escolar y no de protección civil, como antes ocurría.
Omitió dar cifras de los casos, sin embargo, aseguró que en todos se han corrido los procedimientos establecidos con la participación de las autoridades educativas y los padres de familia, cuidando siempre el enfoque de potenciar el interés superior de los menores de edad, sin descuidar a las posibles víctimas, en su caso.
En tal sentido, enfatizó que el “Operativo Mochila” se estará aplicando a partir del inicio del Ciclo Escolar 2024-2025, bajo un nuevo protocolo donde los padres de familia estén al frente de estas revisiones al entrar a clases.
Dio a conocer que este protocoló está casi listo, y elabora con la participación de los propios padres de familias, expertos en seguridad educativa y las autoridades de educación. Será sometido a la revisión y aprobación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, antes de aplicarse.
“Y en caso de que se detecte algún punto o directriz que ponga en riesgo las garantías o los derechos de los niños va a aplazarse la aplicación hasta solventarla”, aseguró
También dijo que por tratarse de un tema delicado que ha generado mucha polémica entre la sociedad y la comunidad escolar, durante las revisiones también habrá participación presencial de autoridades que vigilen la protección de los estudiantes, como el caso de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.
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