- Filiberto Martínez se amparó ante una eventual orden de aprehensión.
MARCO ANTONIO BARRERA
SOLIDARIDAD, Q. ROO.- Con una protección legal provisional que le fue condicionada al pago de una garantía económica de 48 mil pesos, Filiberto Martínez Méndez se blindó temporalmente de una eventual orden de aprehensión en su contra.
Las medidas cautelares temporales fueron otorgadas al exhibir un billete de depósito del Banco del Bienestar, en el segundo amparo promovido por el político chiapaneco que milita en el Partido Revolucionario Institucional (PRI), y quien obtuvo una diputación plurinominal para el Congreso de Quintana Roo en el reciente proceso electoral, pero no acudió este domingo a recoger su constancia ante el Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo).
Este mismo personaje fungió como asesor en la coalición opositora de los partidos Acción Nacional y PRI en la fallida reelección de la alcaldesa del municipio de Solidaridad, Lili Campos Miranda.
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A Filiberto Martínez Méndez se le acusa de presuntamente incurrir en delito de peculado por suscribir contratos cuando gobernó el municipio de Solidaridad de 2011 a 2013.
Antes, este mismo personaje fue diputado local de 2008 a 2011, y después de presidir la Alcaldía, otra vez fungió como integrante del Congreso en la XIV Legislatura de Quintana Roo, de 2013 a 2016,
Posteriormente, se desempeñó como décimo regidor del Ayuntamiento de Solidaridad, desde cuya posición presidió la Comisión de Espectáculos y Diversiones, de 2016 a 2018.
En las elecciones estatales de este año quedó inscrito como el primero en la lista para tratar de convertirse en legislador por la vía plurinominal bajo las siglas del PRI.
El juicio de garantías radicado en el Juzgado Segundo de Distrito de la entidad quintanarroense lo gestionó también contra una posible orden de arraigo, localización, presentación o traslado que pudiera ser ejecutado por personal de la Fiscalía General del Estado (FGE), desde el último día de mayo.
A las autoridades locales las señaló no sólo de presuntamente amenazar su libertad, sino por una posible incomunicación y tortura, además de una presunta apropiación violenta, lanzamiento, privación, retención y/o confiscación de sus bienes y posesiones materiales.
Antes, en un primer juicio de garantías radicado en el Juzgado Octavo de Distrito, en el cual recientemente se le negó la suspensión definitiva, solicitó medidas cautelares contra la Secretaría de la Contraloría del Estado y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, el 4 de abril pasado.
La audiencia donde se dictarán sentencias en ambos juicios quedó programada para (el más reciente) las 10:30 del 1 de julio, y (en el otro) el 26 de junio próximos.
