Reorientan gasto; informan a medias

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Reorientan gasto; informan a medias
  • La reconducción del Presupuesto estatal 2023 para este año generó la reasignación de partidas millonarias en el rubro de inversión.
DANIEL REYES / AGENCIA REFORMA

MONTERREY, NL.- La reconducción del Presupuesto estatal 2023 para este año generó la reasignación de partidas millonarias en el rubro de inversión, donde el área de seguridad se llevará la mayor tajada… pero con restricciones de información que en los primeros cinco meses del año opacaron el gasto de 847 millones de pesos.

Según el Reporte Financiero del primer trimestre del año, difundido esta semana por el Estado con casi tres meses de retraso, las inversiones en Fuerza Civil, campos y destacamentos policiales, y la rehabilitación de centros penitenciarios, tendrán 834 millones de pesos más que en el 2023.

Además, se programaron 648.2 millones de pesos para obras en edificios públicos, incluyendo la nueva sede de la Secretaría de Seguridad en la Avenida Morones Prieto, con inversión inicial de 500 millones de pesos.

Pero, al mismo tiempo, la Administración del Gobernador Samuel García ha ordenado reservar por lo menos 17 contratos que suman 847 millones de pesos y no es posible saber lo que se está pagando.

Todos estos contratos, disponibles en la Plataforma Nacional de Transparencia, tienen tachadas las descripciones de los bienes o servicios a adquirir, además de los nombres de las empresas contratadas.

Según la Ley de Transparencia, los entes públicos pueden reservar la información en 10 supuestos, entre ellos que se ponga en riesgo la seguridad pública o la vida de las persona involucradas.

Con estos criterios, por ejemplo, la Administración estatal ocultará hasta el 2029 la información de contratos hasta por 70 millones de pesos.

El pasado 22 de mayo, la Secretaría de Administración, a cargo de Gloria Morales, firmó el contrato SEE/DAS/22- Mayo-2024/15:20/C, que en las partes no restringidas refiere la contratación de 19 cursos para un total de 2 mil 648 personas.

Del documento público no es posible saber qué empresa dará el servicio o en qué consisten los cursos, que cuestan entre 5 mil y 43 mil 428 pesos por persona.

“Se clasifica como reservada la información, ya que compromete la seguridad pública; pone en riesgo la vida, seguridad o salud de los servidores públicos y los proveedores que intervinieron en el procedimiento de contratación por Adjudicación Directa”, indica el acuerdo de reserva.

De otros contratos reservados es posible identificar la compra de equipo tecnológico, servicios varios y hasta la elaboración de alimentos para los campos policiales.

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