- El gobierno de Quintana Roo retomó el control de la empresa Derimaya.
MARCO ANTONIO BARRERA
PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- La batalla legal emprendida por “Desarrolladora de la Riviera Maya” (Derimaya), no logró su objetivo que era impedir que comenzara la recuperación del patrimonio y el control de la empresa por parte del gobierno de Quintana Roo.
La compañía con participación estatal mayoritaria manejada por particulares recurrió a juicios de amparo para evitar la regularización de 4 mil predios de la zona fundacional del municipio de Solidaridad.
El objetivo de la Federación y del gobierno de Quintana Roo es dar certeza jurídica a quienes han esperado más de 30 años, lo cual comenzó a materializarse con la entrega de la documentación de la compañía a la Consejería Jurídica y las Secretarías de la Contraloría y de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable.
Este procedimiento se dio después del desistimiento de la empresa de un juicio de garantías, con el cual buscó desestimar legalmente un decreto de reincorporación de mil 200 hectáreas de terrenos nacionales cedidos gratuitamente por el gobierno federal al entonces territorio de Quintana Roo, para crear el fundo legal de Playa del Carmen.
El anuncio de justicia social se dio en una conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, que acusó a la empresa de una administración indebida y se comprometió a regularizar los predios y dar certeza jurídica a las familias.
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El caso comenzó después de que la Secretaría de la Contraloría estatal realizó un primer emplazamiento, mediante el oficio SECOES/SIV/CGD/0452/III/2023, para requerir la entrega de documentación legal y contable, pero se le respondió con un primer amparo.
Siguió una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) bajo la carpeta FGE/QROO/CA/FEDP/07/77/2023, de la cual como parte del expediente 12/2024, el Juez de Control de Primera Instancia del Distrito Judicial de Solidaridad giró una orden de cateo.
La revisión fue ejecutada por el fiscal del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en Combate a Delitos Patrimoniales con la participación de la Policía de Investigación del Quintana Roo, en enero pasado.
Durante la técnica de investigación citada se decretó también el aseguramiento de las oficinas de la empresa en la colonia Luis Donaldo Colosio, y nuevamente como respuesta se interpusieron un par de amparos.
Ante el Juzgado Cuarto de Distrito con sede en la entidad, se tramitaron medidas cautelares para tener acceso a la carpeta de investigación, y quitar legalidad al expediente 12/2024, pero se negaron las medidas cautelares.
El juez de Distrito sostuvo que el procedimiento judicial era parte de los recursos legales que garantiza el desarrollo de las investigaciones, y que se garantizó la presencia del imputado y se tuteló la seguridad de la víctima, del ofendido y el testigo.
La pelea legal se amplió por la accionista minoritaria y administradora de la empresa, Ofelia González Whitt, quien solicitó también la protección legal.
Ante los juzgados octavo y noveno de Distrito, solicitó medidas cautelares contra órdenes de aprehensión en su contra dictadas por un Juez de Control de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal y la FGE, en diciembre pasado
En ambos juicios se concedió una protección provisional con el pago de una garantía de 10 mil y 27 mil pesos, respectivamente, pero la sentencia dejó la solicitud en el mismo estado que comenzó, el 31 de enero y 19 de marzo pasado,
En todo este entramado legal, lo único que ha conseguido la compañía fue liberar un par de cuentas de banco intervenidas por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ante una denuncia por un probable delito de operación con recursos de procedencia ilícita.
La intervención se justificó a través del acuerdo de bloqueo 43/2024, que se debate en otro amparo del Juzgado Tercero de Distrito, y del cual se otorgaron medidas cautelares que liberaron los recursos económicos en las sucursales de Santander y Scotiabank del municipio de Solidaridad.
