- La mayoría de jueces y magistrados que trabajan en el Poder Judicial de la Federación (PJF) proviene de familias de clase media o clase baja.
ROLANDO HERRERA / AGENCIA REFORMA
CIUDAD DE MÉXICO.- La mayoría de jueces y magistrados que trabajan en el Poder Judicial de la Federación (PJF) proviene de familias de clase media o clase baja que estudiaron en escuelas públicas y accedieron a sus cargos mediante la carrera judicial, de acuerdo con una investigación del ITESO.
A diferencia de lo que se observa en las élites políticas, en donde es común que se logren posiciones y cargos públicos a través de conexiones familiares, en el Poder Judicial Federal lo que ha prevalecido desde la reforma de 1994 ha sido la obtención de puestos, sobre todo de jueces y magistrados, a través de méritos profesionales.
“Sus orígenes son de clase media o baja, pero su estatus socioeconómico actual los ubica entre las élites mejores pagadas de México. De hecho, ha habido muchas críticas del gobierno actual por los altos salarios que reciben”, indica el estudio realizado por la investigadora Azul Aguiar.
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Su salario anual con prestaciones va de los 2.3 a 3.2 millones de pesos.
“Hay evidencia de una movilidad social ascendente entre quienes actualmente se desempeñan como jueces, lo que podría estar vinculado a sus logros educativos y a los cargos que han ocupado, tanto dentro como fuera del Poder Judicial”, agrega el estudio.
Los hallazgos de Aguiar están contenidos en el libro “Cultura jurídica: orígenes sociopolíticos y carrera judicial de los jueces en México” de reciente aparición y el cual basa la descripción sociodemográfica de los impartidores de justicia en una encuesta aplicada a los jueces federales en Nayarit, Jalisco, Puebla, Estado de México, Nuevo León, Ciudad de México, Oaxaca y Veracruz.
“La actual ‘familia judicial’ (jueces y magistrados) es una interesante mezcla de esfuerzos meritocráticos, redes profesionales y compromisos personales derivados del prestigio ganado por la institución tras su reforma, algo que contrasta con el nepotismo que se ha observado en los niveles más bajos del Poder Judicial (Ríos-Figueroa, 2018), lo que pone en riesgo el profesionalismo alcanzado por la institución”, indica.
La investigación, realizada antes de que el presidente Andrés Manuel López Obrador enviara el pasado 5 de febrero una iniciativa para que jueces, magistrados y ministros sean electos por voto directo, señala que la mayoría de los impartidores de justicia no tiene vínculos con la política.
“Entre los jueces del Poder Judicial Federal, el 23 por ciento reconoció vínculos familiares con personas que anteriormente ocuparon cargos electos, lo que sugiere una intersección modesta, pero notable, entre el Poder Judicial y la esfera política. Sin embargo, es importante señalar que la mayoría, que comprende el 76 por ciento de los jueces, no informó tales conexiones familiares.
“Entre los familiares de los jueces que han estado involucrados en política podemos señalar tíos, abuelos, padres y primos. De estos familiares que ocuparon cargos electos, la mayoría se desempeñó como alcaldes y, en menor medida, como congresistas federales, senadores, concejales municipales o representantes locales. Además, menos del 10 por ciento afirmó que algún familiar es actualmente miembro de algún partido político”, detalla.
Debido al diseño de la reforma de 1994, que estableció la carrera judicial como mecanismo de ingreso y ascenso dentro del Poder Judicial, indica, los impartidores de justicia se miran así mismos alejados de la política.
“Los jueces tampoco suelen provenir de familias políticas prominentes. De hecho, la élite judicial a menudo afirma su desapego del mundo de la política partidista, alineándose con sus principios y creencias sobre la separación de la política y la ley”, señala.
El documento establece que 70 por ciento de los impartidores de justicia estudió la educación primaria, secundaria, preparatoria y universidad en instituciones públicas, todos ellos son licenciados en derecho y egresaron de instituciones como la UNAM, la Universidad de Guadalajara, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la Universidad Autónoma de Guerrero, la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca y la Universidad Autónoma de Chihuahua.
“Ampliando los niveles de educación alcanzados, la mayoría de los Jueces, que constituyen el 67 por ciento, informó haber obtenido una maestría como su mayor logro educativo.
“Además, aproximadamente el 18 por ciento de los jueces tenía títulos de doctorado, lo que representa una parte importante del Poder Judicial con el más alto nivel de logros académicos.
“Para un porcentaje menor, que representa el 5 por ciento, su nivel más alto de estudios completados fue una especialización, lo que sugiere un enfoque en áreas específicas de especialización jurídica”, indica.
