- Juan Pablo Guillermo Molina, extesorero del gobierno de Roberto Borge.
MARCO ANTONIO BARRERA
CHETUMAL, Q. ROO.- El exresponsable de las finanzas estatales del gobierno de Roberto Borge Angulo, Juan Pablo Guillermo Molina, se anotó una victoria legal al obtener la prescripción de un procedimiento sobre una presunta responsabilidad administrativa que le atribuyó la Secretaría de la Contraloría de Quintana Roo.
La coordinadora general de Sustanciación y Resoluciones emitió un acuerdo en el que decretó el vencimiento del plazo para sancionar la conducta justificada en un informe de responsabilidad emitido el 7 de agosto de 2019.
El caso tiene que ver con el expediente SECOES/SRN/CGSR/PRA0011/2019 que incluyó también a otros exfuncionarios de Roberto Borge Angulo, que gobernó la entidad de 2011 a 2016.
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Además de Guillermo Molina, que fungió como titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), en el mismo caso se incluyó al extesorero estatal José Alejandro Marrufo Roldán, y al subsecretario de Planeación Hacendaria y Política Presupuestal, Luis Armando Hoil Be.
La declaración de prescripción de la facultad para sancionar la conducta presuntamente ilícita se reconoció en el juicio de amparo 35847626 del Juzgado Primero de Distrito el 6 de febrero, pero se formalizó el 10 de junio del presente año.
El juicio de garantías citado fue interpuesto por el exfuncionario estatal el 15 de marzo pasado, mismo que se admitió a trámite el 21 de junio siguiente.
A través del amparo, se reclamó una omisión de la coordinadora general de Sustanciación y Resoluciones de la Secretaría de la Contraloría.
La queja se centró ante la tardanza de reconocer legalmente la resolución dictada el 6 de febrero anterior, y de omitir dar respuesta a un escrito de reconocimiento que se le hizo llegar el 14 de febrero del presente año.
El acuerdo emitido por la Contraloría fue que “ha operado la prescripción de la facultad para sancionar la conducta de los entonces servidores públicos señalados en el informe de presunta responsabilidad administrativa de 7 de agosto de 2019”.
El juez David Pacheco Monroy dictó sentencia que sobreseyó el reclamo, debido a que el hecho fue subsanado por la coordinadora responsable.
“Lo cual permite concluir que la parte quejosa ya fue restituida en el goce pleno del derecho que fue vulnerado… Bajo ese contexto, se encuentra demostrado que el acto reclamado dejó de existir”.
Antes, ante el Juzgado Sexto de Distrito se tramitó otro amparo que buscó presionar a la misma autoridad para que emitiera la resolución favorable al quejoso.
El juicio de garantías 35001068, la jueza Reyna Oliva Fuentes resolvió que el caso se agregara al primer juzgado federal, por formar parte del mismo expediente, mediante una resolución del 11 de junio.
En un tercer amparo, que se sobreseyó (se dejó el mismo estado que comenzó) en 2022, diversos quejosos igualmente solicitaron medidas cautelares contra actos relacionados con el mismo expediente administrativo.
Además de Juan Pablo Guillermo Molina, los otros solicitantes fueron José Alejandro Marrufo Roldán y Luis Armando Hoil Be.
Igualmente, el exdirector general de egresos de la Sefiplan, Luis Manuel Cruz Hernández; el exdirector administrativo, Carlos Alberto Castillo Gamboa, y al exjefe de departamento de Seguimiento y Evaluación de la Oficialía Mayor, Óscar Oswaldo Basurto.
Guillermo Molina enfrenta al menos siete cargos penales que lo señalan como presunto responsable de un desvío de tres mil 177 millones de pesos.
A este mismo personaje se le ha vinculado a proceso y se le han librado órdenes de aprehensión, pero se encuentra prófugo para evadir las acusaciones de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo.
