- Rosa Elena Alonso, secretaria del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito en Mexicali, advirtió ayer que ya se está “planificando el paro” del Poder Judicial.
MAYOLO LÓPEZ / AGENCIA REFORMA
CIUDAD DE MÉXICO.- Rosa Elena Alonso, secretaria del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito en Mexicali, advirtió ayer que ya se está “planificando el paro” del Poder Judicial, en caso de que “sea necesario”.
La funcionaria se presentó en el Senado de la República al lado del coordinador parlamentario, Miguel Ángel Mancera, para externar su “preocupación” por la reforma al aparato judicial.
“La suspensión de labores sería la última medida: la emplearíamos con el único propósito de buscar consensos. Ya hemos procedido a planificar y ejecutar los pasos que nos permitirán decretar el paro en el momento en que sea necesario”, explicó.
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En relación con el punto más controvertido de la reforma anunciada –que atañe a la elección de jueces y ministros por el pueblo–, Alonso estimó que ese recurso “es imposible en este momento.
“La sociedad no está preparada para llevar a cabo una elección de jueces”, dijo.
“Creemos firmemente que la suma de las voces de legisladores, funcionarios judiciales, colectivos de víctimas, organizaciones no gubernamentales y de derechos humanos es la única garantía de que la reforma no prospere”, indicó.
Según dijo Rosa Elena Alonso, ante la “mala señal” que representa la reforma en ciernes, “hemos formado, válidamente, una coalición de juzgadores, secretarios, actuarios y oficiales. Nos estamos uniendo para alzar la voz y se ha unido el personal que trabaja con nosotros y que comparte la preocupación por el futuro por la justicia en México”.
Raymundo Moreno, asesor del Colegio de Secretarios y Actuarios y de Justicia Independiente, exigió que la voz de la base laboral sea escuchada antes de que sea aprobado el dictamen que, advirtió, podría provocar la “destrucción de la carrera judicial y el secuestro del Poder Judicial”.
El senador Mancera señaló la necesidad que hay de que se garanticen los derechos laborales de los trabajadores del Poder Judicial, porque, alertó, su reforma podría conllevar la pérdida de unos diez mil empleos.
“Hagan un cálculo: estamos hablando de una sustitución de más de mil 700 personas de un solo golpe. Si se habla de esta sustitución con ellos, podría también salir personal de confianza. En el caso de magistrados, estamos hablando de cuatro proyectistas, y por cada juzgador, de siete proyectistas. Y esto ampliaría una sustitución que golpea otras miles de personas”, previno.
Con ese panorama de por medio, el jefe de la bancada perredista hizo notar que cada uno de los trabajadores tiene el derecho de pelear por mantener la carrera judicial y su estabilidad laboral en beneficio propio y de sus familias.
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