- Un Tribunal federal negó al empresario René Dávila de la Vega y su hijo René Dávila Díaz un amparo con el que buscaban mantener viva la posibilidad de cancelar el proceso que les iniciaron.
ABEL BARAJAS / AGENCIA REFORMA
CIUDAD DE MÉXICO.- Un Tribunal federal negó al empresario René Dávila de la Vega y su hijo René Dávila Díaz un amparo con el que buscaban mantener viva la posibilidad de cancelar el proceso que les iniciaron por la presunta captación ilegal de 800 millones de pesos de Segalmex.
El Segundo Tribunal Colegiado de Apelación en Materia Penal negó a los Dávila la protección de la justicia contra el desechamiento del recurso de apelación que promovieron contra su vinculación a proceso.
El Magistrado Manuel Bárcena Villanueva, integrante del colegiado, resolvió en forma unitaria que el desechamiento de la impugnación estuvo apegada a derecho y que los procesados no ofrecieron ningún argumento jurídico de peso para rebatirlo.
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La resolución ya fue impugnada por los acusados y será un tribunal colegiado de circuito el que diga la última palabra.
El 13 de junio de 2023 un Juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte vinculó a proceso a los Dávila por el delito de captación ilegal de recursos, un delito previsto en la Ley de Instituciones de Crédito.
Tres días después apelaron su procesamiento, pero el 13 de julio siguiente el Primer Tribunal Colegiado de Apelación en Materia Penal desechó el recurso, porque la defensa lo presentó por correo electrónico y no en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el que se requiere la firma electrónica (Firel) para autentificar a los demandantes.
René Dávila de la Vega y a René Dávila Díaz son accionistas de Corporación en Asesoría Financiera (Corafi), empresa con la que presuntamente captaron en forma ilegal 800 millones de pesos de Segalmex, según la FGR.
Según la FGR, de febrero de 2019 al 25 de junio de 2020 René Gavira Segreste, ex titular de la Unidad de Administración y Finanzas de Segalmex, autorizó usar los recursos del nuevo organismo descentralizado para comprar certificados de intermediación bursátil privada.
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