- El Pleno de la Corte determinó cancelar su sesión pública para analizar en privado el proyecto de dictamen de reforma al Poder Judicial.
VÍCTOR FUENTES / AGENCIA REFORMA
CIUDAD DE MÉXICO.- El Pleno de la Corte determinó cancelar su sesión pública para analizar en privado el proyecto de dictamen de reforma al Poder Judicial, el cual fue circulado el viernes pasado en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.
Está por verse si la discusión privada sobre el dictamen dará lugar a algún pronunciamiento público del Pleno, de acuerdo con fuentes judiciales, dado que por ahora sólo se trata de un proyecto que ni siquiera ha sido aprobado en Comisiones de la Cámara.
La Corte está a tiempo de hacer llegar observaciones a los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales, que votarán el dictamen hasta el 26 de agosto, así como a los nuevos diputados y senadores que toman posesión el 1 de septiembre y serán responsables de discutir y, en su caso, aprobar la reforma.
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Varios puntos del dictamen han provocado dudas en la Corte, por ejemplo, el que ofrece a ministros y ministras la opción de presentar su renuncia para tener derecho a su haber de retiro, siempre y cuando se mantengan en el cargo hasta el 31 de agosto de 2025, de tal forma que la Corte pueda seguir funcionando mientras se organiza la elección judicial.
De la redacción de los artículos transitorios, se entiende que la renuncia tendría que ser presentada en los 30 días siguientes a que se publique la reforma, es decir, probablemente a finales de octubre.
Si algún ministro o ministra dimite del cargo y pretende separarse de sus labores antes de que se apruebe la reforma, para quedar sujeto al régimen jurídico vigente, existe la percepción de que la mayoría de Morena y sus aliados en el Senado no aprobarían dicha renuncia.
Ministros y ministras que acepten renunciar y seguir en su puesto, estarían obligados a colaborar activamente para implementar en junio de 2025 la elección extraordinaria de nueve ministros, 17 magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cinco del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial y más de 800 jueces y magistrados federales, pese a que algunos, como la presidenta Norma Piña y Juan Luis González Alcántara, expresamente han manifestado su rechazo a elegir juzgadores por voto popular.
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