- Los recortes presupuestales y la suspensión de obras en Nuevo León no son exclusivas del Gobierno central, y Agua y Drenaje puso freno a proyectos de inversión.
JUAN FRANCISCO BETANCOURT GALINDO / AGENCIA REFORMA
MONTERREY, NL.- Los recortes presupuestales y la suspensión de obras en Nuevo León no son exclusivas del Gobierno central, y Agua y Drenaje puso freno a proyectos de inversión por mil 742 millones de pesos, equivalentes al 19 por ciento de lo presupuestado.
El ajuste llegó después de que el Congreso no le autorizó endeudamiento y sí exigió, en cambio, que el Gobernador cumpliera primero con el envío del Presupuesto estatal 2024, que no entregó en el plazo ordenado en la Constitución.
La mayor afectación en AyD está en el plan de extender el anillo de transferencia Monterrey V, al que se le retiraron los mil 100 millones de pesos que estaban presupuestados al cierre de marzo.
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También se descontaron 125.9 millones de pesos de los 149 millones contemplados para el plan de reuso del agua residual, 43 millones del programa de transformación tecnológica y digital del organismo, y 33 millones del programa de mejora a las actuales plantas de tratamiento para cumplir la Norma 001-2021 de Semarnat.
Los recortes se reflejan en el Informe de Gestión Financiera del segundo trimestre del año, donde las proyecciones de inversión a cargo de AyD fueron reducidas a 7 mil 423 millones de pesos, cuando al cierre del primer trimestre eran de 9 mil 165 millones.
En las notas a los estados financieros, el organismo que dirige Juan Ignacio Barragán menciona la implementación de un plan de ahorro, que implica también una reducción de 33.5 millones de pesos en materiales y suministros, y de 32.6 millones en el pago de tiempo extra.
Explica que parte de la disminución en el presupuesto se debe a que este año no habrá contratación de deuda.
“Se disminuye el recurso presupuestado que se tenía contemplado con fuente de financiamiento de recurso crediticio, derivado de su suspensión en este año”, indica una nota.
AyD pidió en febrero al Congreso autorización para contratar mil 800 millones de pesos de deuda a un plazo de 25 años para financiar obra pública.
Estos nuevos pasivos se sumarían a los 5 mil 006 millones que ya adeuda el organismo, pero el Congreso no analizó la petición.
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