Por KUKULKÁN
EN EL VASTO e intrincado laberinto del sistema judicial mexicano, la propuesta de una reforma que sacuda las estructuras de poder no sólo ha levantado polvo, sino también ha hecho que los jueces y magistrados, esos guardianes de la justicia, pongan el grito en el cielo. Porque claro, ¿quién querría soltar la mano que alimenta? Mientras en las calles se exige una justicia transparente y expedita, en los pasillos de los tribunales pareciera que la oscuridad se impone y la resistencia a cualquier cambio es la norma.
LA DEFENSA de la justicia en México ha sido durante mucho tiempo un baluarte que algunos dicen proteger, pero ¿qué tan protegida está cuando dentro de las propias filas del Poder Judicial existen más de 6,755 redes familiares? No es de extrañar, entonces, que en las oficinas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se respire una atmósfera de suspicacia. ¿Cómo no hacerlo cuando se identifican 136 magistrados y jueces que comparten apellidos entre sí? ¿Será mera coincidencia o una herencia al estilo monárquico?
EL NEPOTISMO, esa vieja costumbre que en nuestro querido México parece más arraigada que el mole, se ha instalado cómodamente en los sillones de los juzgados. Aquí, los títulos se reparten en familia, y los jueces que se ganaron su puesto más por ser “hijo de…” o “hermano de…” que por mérito propio, se ven en la situación de proteger los intereses privados o de grupo contraviniendo el marco legal. Eso sí, cuando las críticas arrecian, no dudan en sacar el viejo y desgastado manual de excusas: “Amenazas de muerte”, “presiones del crimen organizado” o cualquier otra excusa que justifique sus decisiones, como las de liberar a los delincuentes que ellos mismos deberían mantener tras las rejas.
AUNQUE este tipo de casos abundan, tomemos por ejemplo a Olga Estrever Escamilla, esa magistrada que decidió evitar la extradición del famoso Joaquín “El Chapo” Guzmán en 2015. Un par de años antes, en 2013, se excusó de emitir un juicio sobre el presunto enriquecimiento ilícito de Raúl Salinas de Gortari. No es casualidad que el apellido “Estrever Escamilla” también lo ostenten sus hermanas Silvia y Martha, quienes, en sus respectivas posiciones, han tenido que declarar su incompetencia en ciertos casos debido a conflictos de intereses familiares. Eso sí, cuando se trata de defender a los suyos, la incompetencia nunca aparece.
OTRO ejemplo brillante de este circo judicial es el caso de la magistrada Amanda Roberta García González, quien el mismo día que en Nueva York se encontraba culpable a Genaro García Luna por narcotráfico, ella decidió liberar las cuentas bancarias de su esposa. Por supuesto, es una coincidencia que su sobrino, Alberto Limón Lasón González, ocupe un cargo como secretario en su tribunal. ¿Corrupción? No, dicen, es simplemente un asunto de “negocios familiares”.
Y LA LISTA sigue, porque en este desfile de justicia a la carta no pueden faltar personajes como Horacio Armando y Sonia Hernández Orozco, quienes con un simple chasquido de dedos y una firma, pueden decidir la suerte de cualquier persona. Horacio, por ejemplo, fue quien permitió que Jesús Murillo Karam recibiera el beneficio de la prisión domiciliaria. ¿Será que la justicia en México se compra y se vende como en un mercado?
ENTONCES, ¿por qué tanto alboroto por una reforma judicial? Tal vez porque para estos jueces, una reforma significaría el fin de sus privilegios, de su herencia familiar y de sus negocios al margen de la ley. Porque claro, en un México donde el sistema judicial es tan corrupto como aquellos a quienes juzga, es mejor ser candil de la calle que alumbrar la oscuridad en casa. Y mientras la luz no llegue a esos oscuros pasillos, la justicia en México seguirá siendo una utopía.
