Perfilan aplazar 3 de 3 contra violencia de género

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Perfilan aplazar 3 de 3 contra violencia de género
  • La CDMX perfila aplazar la entrada en vigor de la reforma conocida como 3 de 3, que restringe la participación en candidaturas de personas sentenciadas por agresiones de género.
EDUARDO CEDILLO / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Congreso de la Ciudad perfila aplazar por seis años la entrada en vigor de la reforma conocida como 3 de 3, que restringe la participación en candidaturas y el servicio público de personas sentenciadas por agresiones de género.

Los efectos de dicha reforma entrarían en vigor el sábado 31 de agosto, sin embargo, una iniciativa que se discutirá hoy en el Pleno busca aplazar la fecha hasta el 2030.

El aplazamiento ocurriría a través de una propuesta que fue avalada por las comisiones unidas de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas junto a la de Presupuesto y Cuenta Pública.

El proyecto busca modificar el Artículo 11 de la Constitución así como el transitorio tercero, que establece su entrada en vigor.

La perredista Polimnia Sierra alertó sobre la posibilidad de que se apruebe el ajuste en el Periodo Extraordinario previsto para hoy.

“(La 3 de 3) entrarían en vigor el próximo sábado y la modificación que propone Morena, y que votan todos con los ojos cerrados, es que entre en vigor en el 2030. Es decir, en seis años más”, dijo la también vicecoordinadora del PRD.

La modificación está inscrita como primer dictamen.

“Están frenando que ningún deudor o violentador pueda ser funcionario, entonces es una simulación, supongo que Clara Brugada sabe de esta modificación. Entonces, mi pregunta es: ¿cuántos deudores alimentarios trae el nuevo gabinete?”, cuestionó.

La 3 de 3 se avaló en Donceles el 23 de noviembre y fue celebrada y aprobada por unanimidad. La reforma modificó el Artículo 10 de la Constitución, en su apartado C, concerniente a los requisitos de elegibilidad de cargos de elección popular para especificar que no podrán ser funcionarios las personas agresoras.

Además, excluye del servicio público a los que se encuentren inscritos en el registro de Deudores Alimentarios Morosos.

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